Escribo estas líneas desde mi enfado con el gobierno dela nación, porque una de sus actuaciones me está complicando la existencia que, ya de por sí, la tengo bastante jodida. Se supone que dicha institución debe dar soluciones a los ciudadanos; pero, en cuántas ocasiones, los ejecutivos demasiado intervencionistas se convierten en el problema. Como resultado, la capacidad individual de elección –y, por tanto, nuestra libertad- queda mermada.
Empiezo a escribir este artículo recién llegado desde la estación de autobuses de Segovia, donde pretendía adquirir, hasta con tres semanas de antelación, una serie de serie de billetes para desplazarme en días laborables, a primera hora de la mañana, hasta Madrid, donde ejerzo como profesor de la Universidad Complutense. Y vuelvo a encontrarme con que no hay billetes para los horarios demandados en fechas tan distantes.
La causa de este problema, ampliado con el tiempo en el contexto actual de buena coyuntura económica, tiene nombre y apellidos: el llamado “Bono Ministerial” (BM), denominación coloquial acuñada por muchos usuarios. “Bono Ministerial”, sí: escucho la combinación de ambas palabras a todas horas, cuál bálsamo de Fierabrás. Se trata de un dispositivo que amenaza con adquirir rango de permanencia, tras haber sido instaurado por el gobierno de la nación en la antesala de las últimas elecciones generales. Por el momento, se ha renovado para todo 2024. Cuántos políticos en el poder utilizarán cualquier arma a su disposición para alcanzar la reelección, primer objetivo en su función de utilidad. Los Bonos MITMA representan una herramienta clientelar, cosechadora de votos cautivos. Deberíamos rebautizarlo como Bono Ministerial de sopa boba para el transporte (BMSBT).
“No hay comida gratis” es axioma principal en Economía, disciplina centrada –según una definición clásica- en el análisis de la administración de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. El sistema de precios refleja el grado real de escasez de los mismos en una economía de mercado; pero dicha propiedad queda anulada por la gratuidad.
En el caso que nos ocupa, el Bono Ministerial subvenciona al ciento por ciento el coste del billete del autobús Segovia-Madrid-Segovia para viajeros frecuentes, en especial vecinos de la ciudad del acueducto y su alfoz que trabajan en Madrid. Una medida conducente a exceso de demanda, cuyo correlato viene determinado por la insuficiencia en la oferta de pasajes. Muchos beneficiarios de la gratuidad acaparan “online” el billetaje para fechas lejanas. El sistema ha reproducido unos incentivos perversos dentro de esta competición “darwiniana” para acceder a uno de los asientos escasos –y no demasiado cómodos, por cierto-. La expectativa de pronta finalización de billetes a la venta induce un comportamiento estratégico de cazador en juego de suma cero, lo cual deriva en auto-cumplimiento de la profecía.
Ya me había pillado el toro por los cuernos al intentar comprar en taquilla mis pasajes con solo dos semanas de antelación; pero, ahora, por vez primera, me encuentro con que no puedo reservar mi asiento para dentro de tres semanas. Ese •”no hay plazas” simboliza el escenario distópico que, ante mis ojos, transforma en pesadilla la combinación de dos variables: residencia en Segovia y empleo en la capital de España.
Está muy bien todo eso de resaltar, como atributo de la “Marca Segovia”, la supuesta renta de posición con el lema “a una hora de Madrid”. Desde muchos puntos de vista, más allá de la mera distancia kilométrica, suelo pensar con añoranza en lo lejos que se encuentra la metrópoli que antaño consideraba “mi Madrid”. Hace algunas semanas, ya debí asumir la pérdida del dinero destinado a una entrada de teatro. Por la mañana del día de autos, me dirigí a la estación para adquirir un billete con intención de desplazarme, algunas horas después, hasta la cercana metrópoli global; pero, ya no quedaban plazas. Se trataba de la última representación; y, por ello, me quedé sin poder ver “Abre el ojo”, de Rojas Zorrilla, obra del Siglo de Oro, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, aquel más cómodo de la Villa y Corte. Título aleccionador y premonitorio: si no abro más los ojos para competir por unos “tickets” finitos, limitados, me quedaré varado, sin poder salir del lugar de destierro.
A pesar de mis credenciales para erigirme en polizón legalizado, con derecho a viajar gratis, todavía no he disfrutado de dicha dádiva. En realidad, no se trata de una cuestión de quijotismo –que, en el fondo también-, ya que no me sobra el dinero. Dejación, en buena medida, ante la incomodidad procurada por la exploración laberíntica de aplicaciones informáticas poco amigables para los usuarios. En esta ocasión, a pesar de la ayuda de una tercera persona, hasta el momento no hemos logrado la inscripción en el programa de sopa boba ministerial. Les advierto que, mucho antes de la llegada de Amazon a España, compraba libros académicos tanto en la matriz estadounidense como en su página subsidiaria de Francia. La grandeza del gigante tecnológico de Seattle consiste en la facilidad de uso de su herramienta tecnológica; pero, por el contrario, en estos andurriales de nuestra piel de toro no destacamos en dichas florituras. Ya recordarán lo que dijo Unamuno: “que inventen ellos”.
Una lástima esta incapacidad del hombre poco práctico, alejado del “homo economicus”, para tramitar la racioncita de sopa boba, pues, con lo que llevo abonado en lides de movilidad interurbana desde la inauguración del BM, podría haber disfrutado de numerosas experiencias gastronómicas en Zalacain, restaurante clásico y glamuroso que todavía no he visitado. Se trata de un ejemplo sencillo del coste de oportunidad, ponderado por mi incompetencia digital para acceder “online” a los subsidios públicos. Por cierto, este coste de la renuncia constituye otro de los conceptos principales en Economía –junto al ya referido de “no hay comida gratis”-.
En cualquier caso, no era mal criterio aquel defendido por el personaje principal de “Gente independiente”, obra maestra de Halldór Laxness, Premio Nobel de Literatura: renunciar a la comida ajena; y no endeudarse. No obstante, en la trama de la novela, aquel hombre duro, campesino con una ética del trabajo a prueba de bomba, capaz de pasar por todo tipo de penalidades, acaba por traicionar ambos principios al llegar la crisis de 1929 a su Islandia natal.
La preocupación por quedarme sin billete me ha llevado a adelantar las fechas de adquisición del preciado papelito, dentro de un mercado intervenido por el gobierno, que ha impuesto un precio político de cero euros. Ahora entro en una segunda fase, caracterizada por la pesadez de estar en lista de espera; es decir, la condena a preguntar en taquilla, día tras día, por la posible cancelación que deje algún asiento libre, anhelado, para las fechas señaladas. Como en el artículo de Larra, “vuelva usted mañana”. Me veo en el papel de José K, el personaje kafkiano que, día tras día, ansiaba entrar en el castillo cerrado.
A partir de la frustración, pretendía comprar billetes hasta que las clases finalicen; pero, por el momento, la fecha límite de adquisiciones posibles solo alcanza hasta el 28 de abril. ¿Cuándo se abrirá la veda para “pescar” más estampitas en adelante? La empleada que me atiende en la taquilla de Segovia, con sequedad extrema, me dice que no lo sabe, porque esto “depende de otro departamento”. Por lo que parece, el Grupo Avanza va a resultar tan grande como la General Motors. ¿Cómo puede ser? Si los vehículos que nos trasladan a Madrid no dejan de ser los herederos de las populares “blasas”, utilizadas por tantos compañeros de carrera, desplazados, antaño, en aquellas busetas de color blanco, bastante envejecidas, al Campus de Somosaguas desde Alcorcón y Móstoles. Como José K, perseverante en su intento de acceder a la fortaleza blindada, tampoco desespero ante el desafío de viajar en el día “D” a la hora “H”en las “neoblasas”. Si miran la letra pequeña del billete, la empresa “De Blas”, integrada en Avanza, es la adjudicataria que presta el servicio.
Todo este dislate me recuerda a lo que ocurría al otro lado del telón de acero durante la Guerra Fría. Los precios artificiales, demasiado bajos, no reflejaban el grado real de escasez de alimentos y otros productos. Como consecuencia, los estantes de los supermercados estaban vacíos. Los bienes en cuestión sí estaban disponibles en el mercado negro, pero mucho más caros. Algunos políticos no aprenden las lecciones dictadas por la historia. De esta manera, muchos años después de la caída del Muro de Berlín, la Venezuela chavista imponía controles de precios. Baldas con telarañas y colas ante los establecimientos minoristas aparecerían de nuevo, cual regreso al pasado, como resultado de malas políticas públicas.
En el plan de choque aplicado por Rusia en su transición a la economía de mercado, una vez desaparecida la Unión Soviética, la liberalización condujo a precios altos y estanterías llenas; pero, el rubro energético se mantuvo regulado. Ahí fueron engendradas las grandes fortunas de los oligarcas emergentes, cercanos al kremlin. Hicieron el agosto a través de la compra de petróleo barato en el interior, reexportado al precio internacional de mercado. Este arbitraje les concedió pasaporte de entrada al club de los superricos. En cuántas ocasiones, los precios políticos tienen efectos perniciosos, que atentan contra eficiencia y equidad.
No soy ningún acólito de Milton Friedman; pero, reconozco que, cuando estudias Economía, te vuelves más liberal en numerosas cuestiones. En cualquier caso, también tenderás a apoyar con mayor ahínco el intervencionismo en otros asuntos, pues existen fallos de mercado que solo pueden corregirse vía políticas públicas. Pedro Sánchez, también economista, parece no haber pasado por el proceso de aprendizaje -y madurez- que entraña la primera parte de la proposición anterior.
En parte debido al precio elevado de la vivienda, la movilidad geográfica resulta reducida en el mercado laboral de España. Muchos parados no aceptarán un empleo disponible fuera de su ciudad. Uno de los efectos favorables de la inmigración consiste en que los trabajadores llegados de otros países, por lo general con menor arraigo local que los autóctonos, son más proclives a cambiar de residencia, dentro de nuestro país, ante unas expectativas de mejora en las condiciones de vida. Recuerdo el caso de dos hermanas hondureñas, simpatiquísimas, camareras en cierto restaurante local. Estuve un tiempo sin ir; y, cuando volví por el establecimiento, apenas unos meses después, las muchachas ya no estaban. Cada una de ellas se había marchado a una ciudad diferente de España. Un tipo de relato muy habitual.
Una reducción en el precio del transporte interurbano, vía subsidios públicos, adquiere sentido en clave de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, además, favorece la movilidad laboral: entre otras cosas, concede mayor atractivo a la opción de convertirse en viajero pendular o “commuter”, es decir, aquel ciudadano desplazado a diario para trabajar en otra ciudad, diferente de aquella en la que se encuentra empadronado.
Los miembros de la profesión suelen simpatizar con las políticas de incentivos, aquellas que inducen decisiones individuales coherentes con el interés general. Por ejemplo, el precio para recargar con diez billetes la tarjeta del Consorcio de Transportes de Madrid se ha reducido en un cincuenta por ciento frente a sus niveles previos –tal vez otro descuento también excesivo-. El objetivo consistiría en que los ciudadanos aumenten su propensión a utilizar el transporte público, a partir de una relación coste-beneficio más ventajosa. Sin embargo, la gratuidad, pura y dura, tal como la aplicada a viajeros frecuentes desplazados en autobús entre Madrid y Segovia –y otras tantas rutas-, traspasa todos los límites de lo razonable. El gobierno se ha pasado siete pueblos.
Postdata: la cultura de la sopa boba viene de lejos en la Península Ibérica. Los portugueses exportaron la palabreja: “gratis” se dice igual en la lengua nacional de Indonesia.
