El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya sobre los Presupuestos Generales del Estado va a estar centrado en la cesión a Cataluña de la gestión del 100% de los tributos del Estado, con lo que dicha Comunidad quedaría al margen del régimen común de financiación de las Comunidades Autónomas. Junts está calentando el mapa político para echar del tablero a Esquerra Republicana, tras el pacto sobre inmigración. Una estrategia para desgastar a Esquerra Republicana y PSC con la finalidad de recuperar la Generalitat, al mismo tiempo que constituye un momento de poder seguir apretando al Gobierno, mediante la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Una reforma que se sumaría a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital para buscar el retorno de las empresas que se marcharon de Cataluña.
El acuerdo entre el Gobierno y Junts para salvar los dos Decretos-leyes famosos, incluye la publicación por parte de Hacienda de los datos necesarios para el cálculo de las balanzas fiscales, cálculo que estaría a cargo de la Generalitat de acuerdo a su particular relato, lo que dispararía sus ingresos en 20.000 millones de euros. Las balanzas fiscales permiten calcular territorialmente los ingresos y gastos públicos de cada Comunidad, pero sin embargo no hay una metodología única oficial para realizar el cómputo, por lo que el Ministerio de Hacienda pretende que las Comunidades lo calculen a gusto del consumidor, por lo que la polémica está servida. El método defendido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es el sistema de carga-beneficio, el cual se basa en que los ingresos se imputan en el territorio donde residen las personas que soportan la carga tributaria y los gastos se atribuyen a la región donde viven los beneficiarios de los servicios públicos. Mientras que método de flujo monetario, donde los ingresos tributarios se asignan donde se produce el hecho imponible y el gasto público se imputa al territorio donde se produce el desembolso, un método discutible y nada certero.
En cualquier caso, la polémica de las balanzas fiscales puede dar lugar a una falsa justificación con la que motivar la cesión del 100% de los impuestos estatales a la Generalitat.
Cataluña fue la Comunidad que más dinero recibió en 2019 (El Adelantado de Segovia, 03/12/2023) con 23.908,79 millones euros, seguida de Andalucía con 23.232,86 millones de euros y la Comunidad de Madrid con 19.423,21 euros, mientras que la Comunidad de Castilla y León recibió 7.778,41 millones de euros. Sin embargo, el Presidente de la Generalitat Pere Aragonés se ha comprometido también a presentar este mes un modelo singular de financiación con el objetivo de conseguir la “soberanía fiscal” de Cataluña, la gestión del 100% de los impuestos estatales, es decir volver al pacto fiscal propugnado en 1999 por Arthur Mas. Esta cesión del 100% supondría un cambio radical de modelo de financiación y conllevaría una renuncia del Gobierno central a recaudar los impuestos en una Comunidad que representa el 20% del Pib, un porcentaje que si se suma a la renuncia respecto de las Comunidades forales, significaría una renuncia total sobre el 30% del Pib del territorio más rico de España.
El resultado sería la imposibilidad de que el Estado pudiera ejercer sus funciones y, si el modelo se extendiera a todas Comunidades, la Hacienda Central quedaría sin recursos e imposibilitada en su función de cumplir el objetivo de la cohesión social y territorial. Aceptar aquella cesión en definitiva supondría la quiebra del principio de igualdad tributaria y la ruptura de la solidaridad interregional.
