Moncloa fija, poco a poco, el rumbo. Así se podría definir el Consejo de Ministros celebrado ayer, que tiene, desde que se formó, una fijación: reducir el déficit al 4,4 por ciento, por lo que el Gobierno tendrá que acabar, en primer lugar, con las duplicidades que se generan en el enrevesado entramado de competencias que hay entre las Administraciones regionales y centrales. Eso sí, de la generalidad se pasó a la precisión, destacando Sanidad, que está en el punto de mira, pero no su efectividad sino su estructura organizativa, ya que parece que Rajoy entiende que hay demasiados cargos y que se pisan los dos Ejecutivos.
Pero no solo se verá afectada la cartera que dirige Ana Mato, en la que se incluyen Servicios Sociales e Igualdad. También el Ministerio de la Presidencia. «En ambos se ha producido una importante contención en el número de altos cargos», señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así se estima que las maltrechas arcas del Estado se ahorrarán más de un millón de euros al año. De este modo, se trata de «trabajar por la austeridad de las Administraciones, pero también por una necesaria reforma estructural que nos dé una mayor confianza dentro y fuera de nuestras fronteras», recalcó.
Las principales modificaciones afectan a la Secretaría General de Sanidad y Consumo y a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que integra en el ámbito de sus competencias el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud de España, con el fin de dar un enfoque integrado a las políticas de este sector.
Asimismo, tal y como quedó claro durante la semana, habrá un conjunto de «obligaciones legales» que deberán cumplir religiosamente los gestores públicos en materia económica, revisándose el sistema sancionador para intensificar y fortalecer la respuesta penal a los casos más graves. «Hay que cumplir los objetivos», apostilló la dirigente popular, que calificó de «muy adecuada» una hipotética inhabilitación.
Reducción del déficit
En la rueda de prensa posterior a la cita de los viernes, la política vallisoletana recordó que la reducción del déficit es una vía «clave e imprescindible» para volver a crear empleo. En este sentido, aseguró que el Ejecutivo tomará medidas para intentar, «consejo tras consejo», cumplir objetivos y luchar contra los «malos datos» con más «rigor y esfuerzo».
Entre ellas destaca el anuncio del Gobierno de «fijar con precisión», determinándolo por norma, un conjunto de «obligaciones legales» que deberán cumplir gestores públicos y altos cargos de la Administración pública en materia económica.
Esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una ley de transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno en la que está trabajando su equipo.
