La portavoz de la Plataforma contra la mina de cuarzo en el Nordeste de Segovia, Marisa Moro, ha afirmado que la minería podría destrozar proyectos de desarrollo sostenible que buscan devolver población a la España vaciada, como sucede con una mina a cielo abierto de cuarzo metalúrgico en una comarca de la provincia de Segovia, con concesiones que podrían llegar a los 80 años. Lo ha hecho en una entrevista para la Agencia EFE, donde también señala que los 800 vecinos de la comarca que abarca los municipios de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo, han decidido “ponerse en pie” para oponerse este proyecto que “generaría afecciones en múltiples sectores”.
Según Marisa Moro, la minería afectaría a sectores como la salud y la sanidad, que “se pagarán con dinero público”, además de al turismo, a pequeñas industrias que desaparecerían, a las infraestructuras en carreteras y a la cultura porque afectaría a todas las construcciones medievales y románicas que existen en la comarca por el paso continuado de camiones, así como los frescos que se pueden ver en esos monumentos y que “podrían cuartearse”. En general, cree que la mina afectaría de forma negativa a la vida de las personas.
Marisa Moro señala que el consorcio formado par Erimsa/Elkem, empresa gallega adquirida por otra noruega (y que a su vez tiene capital chino) que pretende llevar a cabo el proyecto de la mina, “ha solicitado dos zonas ahora mismo, pero existen otras tres que podrían pedir” para la explotación del cuarzo metalúrgico a cielo abierto. En la primera zona ahora mismo son 2.700 hectáreas para intervenir en 1.600 y en la segunda son 1.200 hectáreas para intervenir en unas 600. Es decir, ahora mismo la zona de intervención solicitada suman unas 2.300 hectáreas durante períodos de 30 años: Sin embargo, desde la plataforma estiman que cada año pueden trabajar en 22 hectáreas, lo que, calculan, supondría entre 70 y 80 años de explotación.
La portavoz explica que existen dos tipos de mina a cielo abierto: las que son en profundidad, donde se excava kilómetros hacia abajo haciendo agujeros, y las de gran extensión que supone muchísima durante un largo periodo de tiempo, como es el caso de la de Segovia: “Una comarca con un ecosistema delicado va a tener un tipo de intervención muy agresiva, ya que excavarían hasta donde encuentren el cuarzo, es decir ocho o nueve metros, cuando a los agricultores se les controla vía satélite que no aren “más allá de 30-40 centímetros de profundidad”, protesta.
POSIBLES PERJUICIOS
Desde la plataforma aseguran que la mina “entrará en suelo agrícola y excavará y removerá todo lo que se ha conformado a lo largo de siglos y se llevarán todo el cuarzo metalúrgico que conforma el sistema de drenaje del territorio, porque el agua llega se filtra entre las piedras y llega al acuífero”. Además, añaden que “después de la excavación, se llevan el cuarzo, apelmazan la tierra, lo dejan impermeabilizado y, a pesar de que luego echan tierra vegetal, “jamás va se va a recuperar la fertilidad, la calidad y la tierra que teníamos”.
A todo esto, Marisa añade que la contaminación afectaría a la ganadería, las excavaciones eliminarán la flora y expulsará a la fauna, y el polvo fino de sílice cristalino que se genera por el cuarzo entraría en los pulmones de la gente, lo que puede ser cancerígeno y agudizar enfermedades pulmonares y respiratorias: “Es una intervención que afecta en todos los sentidos a la forma de vida de las personas durante mucho tiempo, y la comarca a pesar de pertenecer a la España semivaciada, tiene mucha agricultura y ganadería extensiva y muchísimo turismo”.
Por su parte, los ganaderos, asegura, han manifestado que, de salir adelante la explotación, no continuarán con la actividad porque los animales se verán afectados por los cristales de cuarzo, además de que los agricultores no podrán cultivar y el turismo desaparecerá: “El perjuicio de la mina es exponencial, porque, aparte de que se crearán pocos puestos de trabajo, se perderán todas las fuentes de ingresos económicos para la comarca, así como el valor de las viviendas debido a la contaminación y el proyecto de desarrollo sostenible que vienen fomentando entre los vecinos.
Moro subraya que la mina cambiará la forma de vida de la población que se ha trasladado a vivir en la comarca después de la pandemia, muchos de ellos jubilados que, aunque no están empadronados, viven en esos pueblos. Además, también hay familias que han permitido “la reapertura de los centros de educación”.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La portavoz de la Plataforma contra la mina de cuarzo subraya que los expedientes para la explotación minera se encuentran en la Conserjería de Medio Ambiente, donde están estudiando el impacto medioambiental, y especifica que han presentado hasta 5.000 alegaciones que han encontrado a los proyectos: “Estamos intentando llegar a la Junta de Castilla y León, pero no nos están atendiendo. Queremos explicarles todas las afecciones que va a tener la comarca”, asegura.
