Desde el silencio obligado, sí, aunque todavía muchos se sigan preguntando cuál fue el argumento y los motivos de quienes, en el 2022 y desde el organismo pertinente, tomaron la decisión de disolver “OCON Sur”, la unidad de élite que, hasta ese momento y con excelentes resultados, luchaba contra el narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar. No recuerdo haber escuchado en su día los motivos, o si llegaron de alguna manera a justificarlo, creo que no, pero sí recuerdo a las Asociaciones Profesionales del Cuerpo que, sobre el terreno, ya vislumbraron y de “manera literal” anticiparon, que aquella decisión sólo serviría para destrozar “el principio de autoridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” y también, el enorme paso atrás que aquello iba a suponer para su trabajo.
Una decisión que ya en su día no pareció tener sentido y que hoy parecería una burla si escuchásemos las especulaciones actuales al respecto, provenientes de fuentes indefinidas y de muy dudosa credibilidad dada su clara intención de difamar a los servidores públicos del operativo con el añadido del uso tendencioso que de esta información se está realizando por parte algunos medios.
No, no sirve alegar una presunta irregularidad en el transcurso de una investigación contra el narco, pretendiendo darle un carácter sistemático que tampoco se ha demostrado, ni mucho menos la desacreditación y las denuncias contra algún miembro de la unidad, viendo el escaso recorrido judicial que han tenido las mismas y ya no digamos, apelar “al alto coste” del despliegue que suponía la Unidad en cuestión, cuando todos sabemos que desde aquellos tiempos –los de Pegasus- el Gobierno de España no ha dejado de regar con un aluvión de millones y equipamientos al reino de Marruecos y también, como viene siendo habitual, subvencionando sistemáticamente a los sectores más frívolos de sus palmeros… cuestión de prioridades.
La realidad es que desde hace tiempo, los riesgos para los servidores públicos y por ende, para el resto de ciudadanos, han dejado de ser simples hechos aislados. A primera vista se puede observar en el sistema un deterioro progresivo que se ha visto acelerado con la desacreditación de los jueces frente a determinadas líneas de actuación y las reformas pendientes sobre determinadas figuras y perfiles delictivos que, curiosamente, llevan implícito el asociacionismo, como es el caso del terrorismo -narco o de cualquier otro tipo-. Obviamente, estas últimas cuestiones responden al oportunista rédito político, pero hay otros ejemplos como los de intentar reformar leyes como la de Seguridad Ciudadana, pretendiendo otra mucho más laxa o haber modificado aquellas que, como se ha visto, benefician en la reducción de condenas a violadores y pederastas, son piezas que, en conjunto, muestran un panorama inquietante.
En general, de seguir por este camino, el ámbito delincuencial campará a sus anchas y no sólo en la Línea de la Concepción, o en Barcelona, o en la valla de Melilla, lo hará por todo el litoral de la península o en el interior de esa España vaciada tan desprotegida donde, como en el resto del país, la percepción de que cada día, los delincuentes gozan de una mayor impunidad, crece de manera directamente proporcional al desmantelamiento de uno de los indicadores del sistema del bienestar como es el de la seguridad de la ciudadanía. Un sistema que hoy sigue batiéndose en retirada por el mismo camino por el que ineludiblemente, se nos aproxima al símil de la realidad social y a las intrigas de algunas regiones de América Latina. No hace falta ser muy avispado ni haber visto las series de NETFLIX para ver lo que se avecina.
En cualquier caso, todas esas decisiones que ojalá respondan a un error de gestión – todavía reversible- y no como dicen las malas lenguas, a la presunta sustracción de algún que otro giga de información de algún teléfono distraído, continúan generando el desconcertante panorama de observar cómo por algunas de ellas, junto a la pérdida del efecto disuasorio de las leyes, se estuviese debilitando la operatividad de los servidores públicos encargados de salvaguardar al propio Estado de Derecho. Los mismos que, desde un forzado silencio y el mas profundo de los duelos, seguirán rindiendo honores y tendrán siempre presentes a los compañeros asesinados, deseando que a nivel institucional y político, no les reduzca a unas simples cifras en la fría estadística del olvido.
