La Junta decide recurrir la sentencia del TSJ para evitar el desmantelamiento de Navacerrada

La Junta de Castilla y León interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, según la cual se ordena a la Junta de Castilla y León declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada.
La sentencia se dictó tras rechazar las objeciones alegadas por los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que pusieron de manifiesto durante el procedimiento que la Orden para acudir a los tribunales de justicia no se había dictado por el órgano del Ministerio competente para ello.
Según ha justificado Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “de las más de 30 zonas de pistas de esquí existentes en España, el organismo autónomo Parques Nacionales ha buscado el cierre de las ubicadas en Navacerrada, sin causa medioambiental ni social que lo justifique, ya que durante la vida de la concesión y con la estación de esquí en funcionamiento han existido figuras de protección y se han aprobado instrumentos normativos de gestión, que además no existían en el momento de otorgar la concesión en 1996”.
Igualmente considera que no existen motivos para prohibir la práctica del esquí ni la existencia en sí de la estación, que lleva funcionando desde hace casi 90 años, lo que no ha impedido que el entorno haya podido reunir las condiciones para fuera declarado Parque Natural primero, su entorno Nacional después, e incorporarse a la Red Natura 2000 y a la Red de Reservas de la Biosfera en los últimos años.
Así lo indicaba la Ley 7/2013 de declaración del Parque Nacional Sierra del Guadarrama, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de 2019, y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama de 2008, que asumen la existencia de la estación y su compatibilidad plena con los valores naturales.
De hecho, en todos estos documentos, una de las mayores demandas sociales fue, precisamente, que fuese posible la compatibilidad de la estación de esquí con la gestión de las diferentes figuras de protección, porque, además de la baja afección ambiental de la misma, contribuía a que se cumpliera otro de los objetivos de estas figuras de conservación, el equilibrio entre la preservación y el desarrollo sostenible de estos lugares protegidos.
La Junta defiende que siempre ha apoyado el desarrollo sostenible de la zona, ya que esto garantiza para todos los municipios colindantes de la provincia de Segovia tanto crecimiento económico como una forma de atraer y fijar a la población, ya que muchos de ellos viven de la estación.
Suarez-Quiñones ha querido anunciar también que se va a solicitar la transferencia de la titularidad de los Montes de Valsaín y todos los recursos asociados a la Comunidad de Castilla y León, ya que “no tiene sentido que el Gobierno sea titular de más de 10.000 hectáreas de monte público en Castilla y León, que actualmente son gestionados por la Junta y debe hacerlo también desde la titularidad del mismo, máxime cuando la Administración General del Estado se muestra como de fuera y lejana al sentir e interés público y general de Castilla y León”.