El artículo 35 de la Constitución Española reconoce a todos los españoles el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo. Sin embargo, desde el año 1978 parece que este artículo no ha estado vigente en la España vaciada, cuyos habitantes solamente han visto reconocido su “derecho a buscarse la vida en otra parte”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece con rotundidad el derecho al salario justo y suficiente, y en el mismo sentido el artículo 15.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 expone que toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada.
La propia Doctrina Social de la Iglesia se ha pronunciado también con contundencia sobre la necesidad del trabajo decente, una necesidad vinculada directamente con el desarrollo humano integral de las personas y con la construcción de sociedades equitativas, justas y solidarias. Queda así claro que todo ataque al derecho al trabajo constituye un ataque contra la dignidad del ser humano. El propio Papa Francisco ha señalado que “cuando falta trabajo, falta dignidad”, siguiendo lo expuesto por el Concilio Vaticano II (Gaudium et spes) de que “el trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia; por él el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina”.
Sin embargo, en el medio rural no puede hablarse de que ese derecho al trabajo esté vigente, máxime para la mujer, para los discapacitados y para personas con unas determinadas inquietudes y formación, dado que las zonas rurales solamente quedan empleos ligados a ese medio en una proporción muy reducida. La mecanización y la marginación del agro en España determinaron la huida de su población a las grandes urbes, sin que los poderes públicos hayan hecho nada en los últimos 45 años. Desde el siglo XVII la población española se dirigió a la periferia peninsular, Castilla tuvo que sufrir el peso del Imperio de los Austrias y se vio impedida de beneficiarse del mercantilismo, quedando también imposibilitada en el acceso a la industrialización del siglo XIX. El Franquismo le iba a dar otra sorpresa, la población de Castilla se vería avocada a emigrar a la periferia en busca del soñado empleo, una mano de obra barata en definitiva con la que generar la riqueza en otros lugares. El resultado es la ausencia de un desarrollo equilibrado en todo el territorio español, origen del renacimiento de las dos Españas, el abandono de la población que vive la España vaciada, la ruptura del principio de solidaridad interregional y la ausencia de perspectivas de futuro en el agro español.
Solicitar la creación de empleo en el medio rural suena a una quimera, dado que los políticos no se han visto presionados para cumplir lo que la Constitución establece, que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, aunque esa persona viva en un pueblo.
Sin embargo, la despoblación es un fenómeno demográfico y territorial por el que se produce una disminución del número de habitantes de un determinado territorio, un proceso que se ve impulsado por factores económicos dado que las zonas despobladas son aquellas con una economía más deprimida. La población abandona el medio rural hacia territorios con una mayor actividad buscando una mejora de las oportunidades laborales, una superior calidad de vida y con mayores equipamientos. Lo que genera la huida de las poblaciones más jóvenes y capacitadas para ejercer actividades laborales, de modo que las zonas rurales pierden capacidad productiva y músculo financiero, quedando relegadas a ocupar un papel muy secundario. Se genera un desequilibrio en las estructuras de edad, género y cualificación de la población, lo que aventura un futuro negativo.
Una población rural en clara recesión, por lo que es necesario habilitar una serie de servicios e infraestructuras suficientes a las zonas rurales a fin de que puedan atender las necesidades de la población y la creación de empleo. En efecto, las regiones con un rápido descenso de la población tienden a sufrir una bajada en su capacidad económica con una velocidad vertiginosa, que ha de ser compensada con la promoción de nuevas actividades y un mayor desarrollo de la digitalización a fin de evitar el riesgo de exclusión. Existe una brecha regional entre regiones urbanas y rurales que ha de ser superada, de modo que la conexión digital en todos los territorios de España, no solo favorecerá las comunicaciones entre particulares, sino que además facilitará el acceso de los ciudadanos a información, a formularios administrativos y sanitarios, de vital interés para el desarrollo de su vida personal y profesional. Esta conexión digital deberá permitir el acceso a una Administración Pública cada vez más digitalizada, participar en los asuntos públicos y el desarrollo de actividades empresariales y profesionales como la venta de productos por Internet. Además, la enseñanza a distancia se ha visto estimulada, por lo que ha de promoverse la gestión educacional en aquellos territorios a través de un mejor acceso y conectividad a partir de un enfoque integral del aprendizaje en el medio rural y con una educación digital.
Por otra parte, la política europea de cohesión no juega un papel efectivo contra la actual situación de la España vaciada, por lo que sería necesario la implantación de unas verdaderas directrices europeas de lucha contra la despoblación cuando nos encontramos ante un problema de primer nivel. Sin embargo, los Fondos Estructurales están destinados a las políticas de cohesión y la Política Agraria Común no ha contribuido a hacer frente los desafíos demográficos señalados, aunque su segundo pilar se dedica al desarrollo rural.
La mayoría de Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla y León, han dejado de percibir recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al propio tiempo que el nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027 no contempla directamente esta lucha contra la despoblación. Por lo que, corresponde al Estado la aprobación de una serie de medidas. En Segovia contamos con entidades que podrían participar en la gestión de fondos presupuestarios, como la Asociación Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia – CODINSE, la Asociación para el Desarrollo Rural de Segovia Sur – SG-SUR y AIDESCOM Campiña Segoviana. Por otra parte, ha de modificarse el Fondo de Compensación Interterritorial con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales, incluidos los derivados del fenómeno de la despoblación, que afecta al interior peninsular. Sin embargo, la problemática de la España vaciada no está en las agendas políticas, por el contrario, el tema del desarrollo político actual está condicionado por el nacionalismo periférico, el cual no va permitir la superación del atraso histórico de las regiones españolas desfavorecidas históricamente. Unas medidas conjuntas que deben coadyuvar a hacer efectivo el derecho a un trabajo digno en el medio rural segoviano.
