El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente ha recogido esta mañana el premio que acredita a la institución provincial como una de las administraciones públicas más comprometidas con la Protección de Datos, tal y como lo ha destacado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en sus galardones anuales.
La Diputación ha sido premiada por su ‘Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes’, que salvaguarda los derechos y libertades de las personas de la provincia y, de manera especial, de aquellas a las que se presta servicio desde la institución provincial y los ayuntamientos segovianos.
Actualmente ya están adheridas al programa 207 entidades locales, que a través de distintas acciones para fomentar una cultura de la protección de datos, colaboran en la concienciación entre los empleados públicos de los municipios de la provincia.
De Vicente ha acudido a la entrega de premios acompañado por la diputada delegada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, y el técnico jurídico especialista en Administración Electrónica, Protección de Datos y Transparencia de la institución provincial, Isidro Gómez-Juárez.
Tras recoger el premio, el presidente de la Diputación, agradeció el reconocimiento de la AEPD hacia la labor que está haciendo la entidad pública y ha apuntado que “la gran paradoja de la sociedad digital en la que vivimos es que nunca, como hasta ahora, se ha hablado tanto de nuestra privacidad. Y que nunca, como hasta ahora, nuestra privacidad ha estado tan amenazada”. Por ello, “quienes debemos vivir celosos de la intimidad, los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos, entendemos como imprescindible e importante la existencia, tanto de los mecanismos efectivos de cumplimiento, como del trabajo de las autoridades de control de carácter independiente, como es el caso de la Agencia Española de Protección de Datos”
De Vicente también ha señalado la importancia de que exista una ética digital que prime la transparencia y los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas.
