Ocurrió junto a la Autovía del Norte (A-1), en la carretera antigua de Cerezo de Abajo. A plena luz del día, sobre las 14:00 horas del 19 de enero de 2020, hace cuatro años.
Un matrimonio regresaba a caa en su vehículo tras pasar un fin de semana de descanso. Era domingo. De repente varios vehículos, con rotativos luminosos azules, policiales, se interpusieron en su camino y se cruzaron obligando al matrimonio a detenerse.
Vestidos con chalecos con la inscripción de Policía Nacional, encapuchados con armas de fuego, gritaron al matrimonio: “Policía, Policía”. Y obligaron al matrimonio a salir del vehículo por la fuerza. Les golpearon, engrilletaron y les taparon los ojos con gafas de buceo. Él ofreció resistencia a los supuestos agentes, lo que hizo que le golpeasen en la mandíbula y en el cuerpo.
Así, maniatados, les introdujeron, por separado, en sendos vehículos, mientras continuaban diciéndoles: “Somos la Policía y están ustedes detenidos”. A ella le dijeron: “Su marido la engaña. Van a Comisaría y el comisario ya les explicará qué es lo que pasa”.
Desde allí se dirigieron hasta una finca de la provincia de Toledo. En la parcela, la pareja fue obligada a entrar en un contenedor de obra. Los dos secuestrados, desorientados por no poder ver nada, desconocían en qué lugar se encontraban.
A él le sentaron en una silla metálica , le quitaron los grilletes, y le colocaron tres bridas de plástico en las muñecas. Comenzaron a preguntarle a gritos “¿Dónde está el dinero?”, a la vez que le golpeaban aleatoriamente los seis individuos que les habían secuestrado en Segovia. “¿Dónde tenéis las joyas y el dinero?”, insistían a la vez que le preguntaban por el sistema de alarma, y por la caja fuerte.
Decidieron quitarle a él las gafas de buceo con las que había permanecido todo el tiempo. Querían que viera cómo golpeaban a su mujer, en un intento de intimidarle y obtener la información que solicitaban. Tras varias horas sometiéndole a esta situación, los delincuentes pararon y manifestaron: “Estate tranquilo. Esto se ha acabado. Y si está todo correcto, os soltamos”.
Con ella procedieron del mismo modo. La obligaron a permanecer sentada en una silla, la quitaron las gafas de buceo y, en un intento de coaccionarla, gritándola, zarandeándola y viendo cómo su marido era golpeado, la amenazaron con cortarle la mano a ella, y a él los dedos.
Las torturas prosiguieron hasta el punto de colocarle a ella una abrazadera en el brazo con una especie de torniquete “con el que pretendían fracturarle el mismo”, relata la Fiscalía en su escrito de acusaciones. Además la amenazaban con romperle su marido una pierna.
Por si fuera poco, les daban descargas con una pistola táser, las que emplean las fuerzas policiales contra los delincuentes.
Mientras todo esto sucedía, uno de ellos obligó al marido a indicarle cuál era la llave de la puerta de casa, y a qué correspondía cada una de las demás llaves.
Conseguido este objetivo, una parte del grupo criminal pudo acceder al interior de la vivienda con las llaves y se apoderaron de 30.000 euros en efectivo, y diversas joyas. Entre el botín sustraído se encontraban pendientes de oro con brillantes, una medalla con cruz de Caravaca de oro, o un reloj Rolex Cellini de oro blanco de 18 kilates. Otro grupo de efectos, valorados en 12.890 euros, no han podido ser localizados, por lo que seguramente se hayan vendido en el mercado negro.
Además, los delincuentes se apoderaron de los móviles que el matrimonio portaba en el momento de ser secuestrados.
Los daños ocasionados en la vivienda de las víctimas y el valor de los efectos sustraídos se ha valorado pericialmente en 42.890 euros.
Tras aproximadamente nueve horas interminables, ya cerca de la medianoche, con numerosas agresiones cometidas por los seis delincuentes, de nuevo les taparon la cara para impedirles la visión y que no supieran dónde se encontraban ni iban a dirigirse de nuevo.
En pie, fueron conducidos al exterior hacia un vehículo, introducidos y trasladados a gran velocidad hasta un punto en las proximidades de su domicilio. Justo antes de soltarles les advirtieron de que si comunicaban a alguien lo sucedido o presentaban denuncia, les matarían.
Los dos precisaron de asistencia medica, pues la brutal paliza que recibieron hizo que presentaran heridas en distintas partes del cuerpo, en la cara, cabeza, brazos manos y tórax. Tuvieron hematomas por gran parte del cuerpo, extremidades e hinchazón en labios, así como rotura de un diente y una falange de la mano el marido, y de un dedo del pie el varón.
Tanto uno como otro han padecido trastornos de estrés postraumático y trastornos de depresión grave.
INVESTIGACIÓN
Cuando se conocieron los hechos, la Guardia Civil se puso a trabajar. Arrancaba así la denominada operación ‘Río Lobos’, que lograría, un año y un mes después, desarticular íntegramente este peligroso grupo criminal. Estaba formado por seis personas, asentadas en las provincias de Madrid y Toledo, y estaban acusadas de la comisión de hechos delictivos graves, principalmente tentativa de homicidio, secuestro, torturas y robos con violencia. La instrucción recayó en el Juzgado de Instrucción de Sepúlveda, que decretó el ingreso en prisión de todos los implicados tras las actuaciones en los partidos judiciales de la ciudad de Madrid, Móstoles, Illescas y Torrijos (Toledo).
La actividad delictiva de este grupo delincuencial se centraba en la sustracción de efectos, prioritariamente joyas y dinero, mediante el empleo de una violencia extrema sobre sus víctimas, las cuales eran previamente detenidas ilegalmente, siendo torturadas con el fin de conseguir la información necesaria si no conseguían sus objetivos inicialmente.
La investigación se inició en la Sección de Delincuencia Organizada Contra el Patrimonio de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, a raíz de la denuncia presentada por este matrimonio de ciudadanos españoles que relataron, con el lógico dolor, cómo habían sufrido estos hechos.
Inmediatamente comenzó por parte del equipo investigador, la reconstrucción de lo acaecido. Tuvieron que analizar multitud de datos de toda índole recogidos en la reconstrucción de los hechos realizada a lo largo de más de 200 kilómetros de diversas vías de comunicación.
Este análisis, unido a los datos obtenidos en otras labores de investigación complementarias, permitió la obtención de una serie de indicios de gran interés para la investigación que, tras más de seis meses, permitieron a los agentes corroborar la existencia de un grupo perfectamente organizado y cohesionado, formado siempre por más de cuatro personas coordinadas para la perpetración de delitos graves, y teniendo cada uno de sus miembros funciones perfectamente asignadas, como son la selección de lugares y víctimas, medios de transporte a emplear, vigilancias sobre posibles objetivos y valoración del posible beneficio económico a obtener.
Con todos los componentes del grupo delictivo identificados, los investigadores pudieron conocer con total certeza que tenían previsto, en un breve espacio de tiempo, llevar a cabo un robo de gran envergadura en una empresa del sector de las tecnologías, en el que se harían con un botín estimado de más de catorce millones de euros.
Esta actuación, en la que tenían perfectamente planificado y organizado el secuestro del vigilante de seguridad de la citada empresa, fue abortada por los propios autores por las restricciones de movilidad derivadas de la alerta sanitaria de la Covid 19, circunstancia que también condicionó de forma muy importante la investigación, ya que si bien las personas investigadas pasaban largos periodos de tiempo de inactividad, los agentes tuvieron que mantener en todo momento el control operativo sobre todas ellas.
Fuentes de la Guardia Civil han explicado que los agentes estuvieron permanentemente preparados para proceder a las detenciones in fraganti de los posibles responsables en el momento que se hubiera detectado que fueran a actuar.
Finalmente, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia generada por la Covid y las situaciones generalizadas de confinamiento, se procedió a la detención de todos los implicados con actuaciones en Madrid, Móstoles, Illescas y Torrijos (Toledo).
En la operación de detención y registro de los domicilios se encontró dinero en efectivo, armas diversas, tanto cortas como largas, otras simuladas, pistolas táser de descarga eléctrica, gran cantidad de munición, joyas, drogas, uniformes y chapas de la Guardia Civil y de la Policía, así como rotativos distintivos de servicios prioritarios de emergencia, walki-talkies, inhibidores de frecuencias, chalecos antibalas, matrículas falsificadas, pelucas, entre otros muchos artefactos… en definitiva, gran cantidad de pruebas que vinculaban a los detenidos con los hechos investigados.
EN PRISIÓN
Los seis detenidos pasaron a disposición judicial en enero de 2021. Para todos se dictó prisión provisional sin fianza. Un mes más tarde, la Audiencia Provincial de Segovia dictó libertad con cargos para uno de los acusados, y en agosto del año siguiente, 2022, para otro. De este modo, cuatro de los detenidos continúan en prisión desde enero de 2021.
De acuerdo con la investigación de la Benemérita, cuatro de las personas detenidas son las que materializaron el secuestro, traslado y torturado a las víctimas, con cuya denuncia se inició la investigación. En enero de 2023 se dictó un auto de prórroga de la prisión para esos cuatro principales acusados.
Los otros dos son los que, con la información precisa que proporcionaban a los anteriores, ponían a las dos víctimas en el punto de mira de este violento grupo criminal, propiciando que pudiesen ejecutar los delitos con precisión casi militar, considerándoseles de esta manera como cooperadores necesarios y, por lo tanto, como coautores de los delitos investigados.
El grupo estaba formado por personas de nacionalidad extranjera, pero también alguno español. Ninguno estaba autorizado para el uso ni tenencia de armas.
Todos ellos serán interrogados en el juicio que se celebra a partir de mañana en Segovia. Pero además estarán llamados a declarar más de 30 personas como testigos o peritos, por lo que se desconoce el tiempo que durará el juicio.
La Fiscalía pide para cada uno de ellos 22 años de prisión y medidas de alejamiento de las víctimas.
Pero además el principal encausado se enfrenta a un total de 34 años de cárcel. También se piden diversas cantidades económicas para indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados.
Entre éstas se encuentra uno de los agentes de la Guardia Civil que resultó herido en la operación de detenciones. De hecho, estuvo a punto de perder la vida en el momento de entrar a uno de los domicilios, donde fue disparado por uno de los delincuentes. “El proyectil, milagrosamente, sólo rozó el cuello de unos de los agentes de la Unidad Central Operativa”, relata la propia Guardia Civil en su informe. La Fiscalía pide al principal acusado, y autor del disparo al Guardia Civil herido, una indemnización de 6.245 euros.
Otro de los acusados también tiene una denuncia de la empresa de suministro eléctrico UFD, que le reclama más de 500 euros, por el fluido defraudado, ya que en el registro de su domicilio se encontró un enganche ilegal, supuestamente para facilitar el cultivo de plantas de marihuana que se hallaron en el interior. Las sustancias que almacenaba se valoraron en más de 22.000 euros en el mercado ilícito.
