A las cuatro de la tarde de tal día como hoy de 1997, ETA secuestró a un joven concejal de Ermua. Apenas 48 horas después, la banda acabaría con su vida, tras un chantaje al Estado en el que se exigía el acercamiento de los presos terrorristas al País Vasco como condición indispensable para su liberación. El cautiverio de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta de la organización a la liberación, nueve días antes, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y a la detención del comando que le había mantenido encerrado en un zulo durante 532 días.
Durante aquellos angustiosos días, la sociedad española se movilizó como nunca antes lo había hecho contra la organización con manifestaciones y concentraciones de repulsa que recorrieron el país desde San Sebastián a Cádiz, pasando por una multitudinaria movilización en Madrid que alcanzó cifras jamás vistas en protesta por un acto de ETA. Así nació lo que se denominó el espíritu de Ermua.
Para muchos, aquel ejemplo «sigue vivo en el corazón de vascos y españoles», tal y como aseguró ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, en la inauguración de la primera Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo. El número dos de Interior explicó que todavía sigue vigente «el ejemplo de una sociedad que se moviliza para transformar las instituciones en sentido positivo» y «cambiar el derecho para producir normas que sean favorables a las víctimas».
En el mismo acto, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, recordó que el secuestro y asesinato de Blanco consiguió que «la ciudadanía se pusiera al lado de las víctimas». El dirigente popular subrayó también que «a partir de ese momento empezó lo que se materializó después con la derrota del terrorismo».
Asimismo, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aprovechó su comparecencia ante los medios para aseverar que considera «necesario recuperar el espíritu de Ermua», ya que de esa forma se podrá recobrar «la dignidad de las víctimas y de sus familias».
En el otro lado, y para querer empañar, sin éxito, el aniversario del asesinato de Blanco y, sobre todo, el movimiento cívico espontáneo surgido tras aquel suceso, ETA afirmó ayer en un comunicado que está «redoblando los esfuerzos» para abrir «vías de diálogo», entre ellos, la constitución de «la delegación» de la banda armada, y denunció que los Estados «manejan una agenda contra la paz». Además, tras calificar de «chantaje» el plan de reinserción de presos de la banda, que busca «bloquear» un avance del proceso, denunció que sus intentos de reunir «el material en condiciones seguras y estables» están siendo aprovechados para «organizar dispositivos policiales».
Esta nueva comunicación de la banda fue tachada de forma unánime por los partidos políticos como «insuficiente». Así, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que el «único comunicado» que el Ejecutivo «espera y exige» es el de la «disolución incondicional» de la organización.
Según el popular, la banda «se va a disolver por las buenas o por las malas». Por las buenas, explicó, porque la organización criminal «interiorice que ha sido derrotada» y que «no solo tiene que dejar de actuar y de existir», sino también «entregar las armas y disolver su estructura diezmada».
Y por las malas porque, en palabras del ministro del Interior, «un día sí y otro también» la Policía y la Guardia Civil ponen a disposición de la Justicia a aquellos terroristas que son localizados y detenidos.
Desde las filas socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba no quiso comentar nada del comunicado y se limitó a expresar su «apoyo incondicional» al Gobierno. Mientras, tanto Izquierda Unida como Unión, Progreso y Democracia aseguraron que el anuncio de ETA no aporta nada nuevo, por lo que exigieron también la disolución incondicional de la banda.
