El Procurador del Común, Tomás Quintana López, considera que las instituciones públicas de ámbito provincial y autonómico deberían impulsar más la reforma de viviendas para atraer habitantes al medio rural.
Esta institución, que intermedia entre los ciudadanos y los poderes públicos en defensa de los derechos fundamentales de los administrados, asegura que el reto demográfico y la cohesión territorial deben ser abordados desde la coordinación, el consenso y la suma de todas las instituciones.
Consciente del desequilibrio poblacional que vive Castilla y León, ha promovido una actuación de oficio ante la “dificultad de los ciudadanos para acceder a una vivienda”. Y entiende que ésta “constituye un presupuesto fundamental, junto a otros, como el acceso a los servicios públicos y el contar con un puesto de trabajo, para el asentamiento de la población”.
La oferta inmobiliaria real de viviendas en los municipios rurales de la Comunidad, tanto en alquiler como en venta, es insuficiente para abarcar la creciente demanda y el deseo de muchas familias de disfrutar de una segunda residencia en el medio rural, y ello no tanto por la falta de viviendas que se hallan desocupadas, sino porque generalmente el estado de las mismas no resulta adecuado para ser ocupadas, debido en gran medida al estado de deterioro e, incluso, casi abandono en que se hallan después de años sin haber sido habitadas.
En el curso de la tramitación de reiteradas reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante la Institución del Procurador del Común, esta Defensoría ha tenido conocimiento del deficiente estado de conservación de diferentes inmuebles de titularidad municipal, viviendas en muchos casos reservadas en otro tiempo al personal que prestaba servicios a las corporaciones locales, conocidas como ‘las casas de los maestros’ o destinadas a servir de vivienda de otros funcionarios, que ya no se usan para el fin para el que fueron construidas, así como también viviendas o solares donados o cedidos al Ayuntamiento por antiguos vecinos del municipio que ya no tienen interés en mantener su titularidad y que pueden llegar a convertirse en una carga para los Ayuntamientos de los adquieren.
Se trata, en general, de viviendas antiguas que presentan deficiencias estructurales que afectan a su estabilidad y funcionalidad; sin embargo, los escasos medios de los que disponen los ayuntamientos de menor tamaño, incluso medio, hacen inviable que asuman por si solas su rehabilitación, lo que, sin duda, de llegarse a realizar, constituiría una oportunidad que podría ayudar a fijar población o, en su caso, a atraer residentes de temporada a muchas localidades de nuestra Comunidad.
Por ello, conforme a los principios de cooperación y colaboración de las diputaciones provinciales con los municipios y entidades locales proclamados en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el que se establece como competencia de esas instituciones provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, para la consecución de los objetivos fijados en la presente actuación de oficio, “instamos a las diputaciones provinciales de Castilla y León a prestar la asistencia, colaboración y el apoyo económico o técnico necesarios para verificar el adecuado estado de habitabilidad de las viviendas de titularidad municipal”.
Tomás Quintana recuerda que no sólo existe el deber urbanístico de conservación en las condiciones legales de seguridad, salubridad, ornato, accesibilidad y habitabilidad, “sino también articulando todos los mecanismos para fomentar la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal que no se encuentren en condiciones de ser habitadas, prestando a los ayuntamientos, en caso de resultar necesario, la asistencia técnica o jurídica precisa para la tramitación de la subvención convocada mediante la Orden 320/2023, de 9 de marzo de 2023, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, u otras que se convoquen para financiar proyectos para la dinamización demográfica en la Comunidad de Castilla y León, al tiempo que se garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada en el medio rural”.
PROGRAMA REHABITARE
Desde la Junta de Castilla y León se mantiene el programa Rehabitare, que prevé una inversión de casi 18 millones en la provincia de Segovia en esta legislatura en 227 actuaciones de vivienda
Durante una visita a una vivienda recuperada en Veganzones con este programa, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comprometió más de dos centenares de actuaciones de vivienda en la provincia de Segovia, con la construcción de 132 viviendas para alquiler, 31 viviendas para venta con descuento para jóvenes menores de 36 años y acondicionamiento de otras 64 de alquiler social, tras una inversión global de 17,86 millones de euros.
Suárez-Quiñones explicó que en Castilla y León la Junta prevé construir, rehabilitar e incorporar en esta legislatura más de 2.000 viviendas al parque público, tanto en venta como en alquiler, con una movilización de más de 200 millones de euros. “Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada es una prioridad para la Junta de Castilla y León”, dijo.
Del global de 227 actuaciones en viviendas del parque público de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia en estos últimos tres años, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está construyendo, a través de la empresa pública Somayl, y pondrá a la venta 31 viviendas en el medio rural: una promoción de 20 viviendas en Sanchonuño y otras once en Carbonero el Mayor, promociones que gozan de un descuento del 20 por ciento para jóvenes menores de 36 años, con una inversión prevista para las dos promociones de 3,5 millones de euros. También se construirán por la Junta en la provincia de Segovia otras 132 viviendas para la modalidad de alquiler, preferentemente joven. De ellas, 100 viviendas serán de las denominadas ‘cohousing’, con promociones en zonas comunes con servicios de lavandería, espacios de ocio y estarán destinadas preferentemente a jóvenes menores de 36 años y con una renta mensual entre 300 y 350 euros. Está previsto construir este tipo de viviendas en Segovia capital, con un presupuesto de nueve millones de euros, financiado al 50 por ciento entre la Junta de Castilla y León y los fondos europeos.
A través del Programa Rehabitare, la Junta trabaja para incorporar al parque público esta legislatura 32 viviendas municipales o eclesiales en el medio rural de la provincia, para cuya rehabilitación la Consejería prevé una inversión de 2,56 millones de euros, con la colaboración de la Diputación y el Obispado segovianos.
Hasta ahora, en la provincia, la Junta ha puesto a disposición del parque público de alquiler a través del Programa Rehabitare 48 viviendas, con una inversión de 2,71 millones de euros, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León.
Finalmente se van a rehabilitar dos promociones de 64 viviendas en total, dedicadas al alquiler social, en la ciudad de Segovia: una promoción de 32 viviendas del grupo El Mayorazgo, con una inversión prevista de 1,5 millones de euros, y otra promoción de 32 viviendas del grupo La Fresneda, con una inversión de 1,3 millones de euros.
Rehabilitar con los fondos Next Generation: Tomás Quintana sugiere el uso de las ayudas europeas para la rehabilitación del parque inmobiliario y critica la dispersión de la legislación estatal en materia energética
El Procurador del Común, Tomás Quintana, se muestra convencido desde hace tiempo de las posibilidades que brindan los fondos Next Generation, de procedencia europea, para conseguir una rehabilitación del parque inmobiliario.
Pero para ello propone una serie de sugerencias, como es la necesidad de simplificar y agilizar la gestión procedimental y presupuestaria de los fondos extraordinarios destinados a la rehabilitación del parque inmobiliario y el fomento de la eficiencia energética edificatoria en Castilla y León. “Debieran regularse y disponerse normativamente las medidas precisas para la simplificación de los procedimientos tanto autonómicos como, sobre todo, locales precisos para la ejecución de los hitos y objetivos, en línea similar a como se ha hecho para la Administración General del Estado y otras Administraciones autonómicas y locales”.
Quiere también que tengan en cuenta en estas ayudas las “singularidades del medio rural de Castilla y León, procurando facilitar la rehabilitación residencial y la de los edificios públicos en el entorno rural, tanto de titularidad autonómica como local, así como simplificar el acceso de todos los actores implicados a las herramientas y la tramitación de aquellos procedimientos que hayan de permitir la proyección de un plan individualizado para cada edificación en busca de la mejora de su habitabilidad, incidiendo, en particular, sobre la calidad técnica de los edificios”.
Hace un llamamiento a la “indudable oportunidad” que representa que distintas administraciones puedan aunar esfuerzos en favor del autoconsumo compartido, la generación de proximidad y el apoyo a la entrada de nuevos agentes en el sector”. En este sentido pide que se pongan en marcha estrategias de ahorro, eficiencia y autoconsumo. Para ello recuerda que existen al efecto empresas de servicios energéticos o proveedores de servicios energéticos y “nuevas figuras emergentes como las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables”.
En concreto, recuerda la posibilidad de “originar especiales beneficios sociales para la España despoblada, no solo para fijar población, sino para reducir su desconfianza frente al nuevo modelo renovable”. Y debe ser el sector público quien “lidere la aplicación prioritaria de la eficiencia energética en el ámbito de la edificación, a través de contratos de rendimiento energético y sistemas de gestión energética, de forma que el principio se aplique en todas las decisiones de regulación, planificación e inversión de relevancia energética en primer lugar y no como último recurso para reducir el consumo de energía”. En esta línea, los entes locales “están llamados a asumir un especial protagonismo respecto a las comunidades energéticas locales”.
Tomás Quintana lamenta la “dispersión de la legislación estatal en materia de rehabilitación energética edificatoria entre normas reguladoras de suelo y actuaciones urbanísticas, vivienda, edificación y cambio climático”.
Todo ello, asegura, “entorpece en buena medida la realización en España del propósito europeo de concienciar a la ciudadanía acerca de la necesidad impostergable y de los beneficios esperables caso de continuar progresando en la senda de un mayor ahorro y eficiencia energética del parque edificado existente”.
