La Comisión Europea propuso ayer al Consejo de la Unión Europea (UE) reducir el nivel de protección del lobo y clasificarlo como animal “protegido” y no como “estrictamente protegido”, tal y como se encuentra en estos momentos. Una decisión llega después que diferentes administraciones estatales y regionales, entre ellas la Junta de Castilla y León, se quejaran a Bruselas del incremento de este animal salvaje y el aumento de los problemas que provocaba. Es por ello que, tanto su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones mostraron su satisfacción ante la formalización de esta propuesta.
El comunicado emitido por el ejecutivo comunitario destaca que el regreso de los lobos a regiones de la UE en las que habían estado ausentes durante mucho tiempo y el aumento de sus poblaciones en nuevos territorios ha provocado un crecimiento del registro de “ataques al ganado y conflictos con agricultores y cazadores”. En la misma línea se expresó la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, quien constato que “la reaparición de los lobos es una buena noticia para la biodiversidad en Europa”. Sin embargo, destacó que “la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real”.
“ADAPTARSE A LA SITUACIÓN”
El informe que publicó ayer Bruselas estima que hay más de 20.000 lobos actualmente en toda la Unión Europea, y que se prevé que esta cifra vaya aumentando y que las manadas se vayan expandiendo por todo el territorio comunitario. Hoy en día, ya hay lobos y manadas reproductoras en 23 estados miembros, según el estudio de la Comisión Europea. Por este motivo, el ejecutivo comunitario reivindica las políticas públicas que han permitido este “éxito de conservación”. Ahora bien, eso no quita, según Bruselas, que una vez se ha alcanzado estos niveles poblacionales del lobo se pueda “adaptar su estatuto jurídico de protección” a su situación, que es mucho mejor a la de hace unos años.
“Para gestionar más activamente las concentraciones críticas de lobos, las autoridades locales han venido pidiendo más flexibilidad. El nivel europeo debe facilitarlo y el proceso que la Comisión ha iniciado hoy es un paso importante. Estoy profundamente convencido de que podemos encontrar y encontraremos soluciones específicas para proteger tanto la biodiversidad como nuestros medios de vida rurales”, añadió la presidenta del ejecutivo comunitario.
El principal objetivo de la iniciativa es permitir una mayor flexibilidad de gestión por parte de las administraciones estatales y regionales. Eso sí, aclaran que la sin dejar de lado la protección de la fauna y medio ambiente del territorio comunitario. Con todo, esta propuesta legislativa todavía tiene que ser validada por el Consejo de la Unión Europea, donde se encuentran representados los 27 países del bloque comunitario.
“EN EVIDENCIA”
Nada más conocerse la noticia, Juan Carlos Suarez-Quiñones reclamó a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que derogue “de inmediato” la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) para no apartarse e ir “en sentido contrario” de la Comisión Europea. El titular de Medio Ambiente considera que, finalmente, Europa da la razón a la Junta de Castilla y León frente a la decisión de extender la protección que regía al sur del Duero a la zona norte, impidiendo que pueda ser cazado.
Al respecto, el consejero destacó el trabajo realizado por la Comunidad, junto a Asturias, Galicia y Cantabria, así como al pronunciamiento del Parlamento Europeo en 2022 en el que reconocía preocupación por los daños que producía el lobo y el oso en algunos territorios. A esto, indicó, se unió la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quien se comprometió este año a trabajar en esta materia y ordenó que se estudiasen soluciones.
“Europa ha dicho que el régimen que había al norte del Duero, que era un régimen de protección simple, es el que tiene que haber en toda Europa”, explicó el consejero. También añadió que se trata de “un golpe terrible de efecto a favor de la tesis que ha mantenido la Junta”, señalando que el Gobierno Central queda “absolutamente en evidencia” por haber aplicado una orden por “razones ideológicas”.
El consejero de Medio Ambiente, si bien reconoció que los estados pueden incrementar esa protección a los lobos, consideró que no tendría “ningún sentido ir en contra del medio rural y de Europa”, que mantiene la “máxima intensidad” en las políticas de conservación de las especies. Por ello, considera la decisión de la Comisión como un “éxito” del medio rural y de los ganaderos, denunciando que estos estaban abandonando sus explotaciones al no poder gestionarlas por los “daños constantes” que indicó se habían incrementado y que hacían la situación “insostenible”.
En la misma línea se pronunció Alfonso Fernández Mañueco, quien también señaló directamente Teresa Ribera, acusando a su orden ministerial de privar a las comunidades autónomas de la gestión del lobo. Además, a través de su cuenta en la red social X, reclamó que se derogue de forma inmediata esa orden y “cesen los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a nuestra tierra. Con la decisión de la Comisión Europea gana el medio rural de Castilla y León, el sector ganadero y la propia conservación del lobo”, concluyó.
MENOS CAZA MAYOR
Mientras la Junta de Castilla y León ha trabajado durante los últimos meses en la rebaja de la protección del lobo, diversos grupos ecologistas en la Comunidad han tratado de mantenerla. Estas agrupaciones no niegan el aumento de los ataques de este animal dentro de la región, tales como el sucedido el pasado mes de enero a 300 metros de Espirdo, que se saldó con cinco carneros sementales muertos y cuatro heridos, o el más reciente esta misma semana en una explotación ganadera a 35 kilómetros de Ávila, que causó la muerte de un ternero. Sin embargo, consideran que estos incidentes no son causa del aumento en la población de esta especie.
En ese sentido, Ecologistas en Acción señaló directamente a la caza mayor como principal responsable de los ataques: “Una parte importante de ganaderos considera aliados a los cazadores, pero estos son parte de su problema, no de la solución”, afirmaron desde esta confederación. Esta acusación se debe a que consideran que el aumento de esta práctica provoca que los lobos se queden sin presas silvestres a su disposición y se vean obligados a dañar a los ganados. Es por ello que proponen una disminución de los cupos de caza mayor (ciervos, corzos, jabalíes y rebecos).
De hecho, Ecologistas en Acción opina que es necesario valorar la situación de las especies cinegéticas de caza mayor, cuyas poblaciones, en contra de las de lobos, han visto frenado su incremento debido “a los aprovechamientos cinegéticos abusivos, legales y furtivos de ciervos, corzos, jabalíes y rebecos”. Los conservacionistas lamentan que “la inoperancia” de la Consejería de Medio Ambiente “provoca una espiral que lleva a incrementos insostenibles de cupos de caza mayor con una disminución de presas silvestres, falta de alimento disponible para el lobo y un aumento de la presión sobre la cabaña ganadera” y acusan a esta área del Gobierno Autonómico de “haber sido incapaz de ejercer su responsabilidad”.
Además, esta misma organización también acusó recientemente a la Junta de Castilla y León de estar falseando los datos del censo de la población de lobos correspondiente al año 2022, todavía pendiente de publicación. Y es que estiman que este “no arrojará datos favorables”, por lo que creen que están esperando a la modificación de la normativa antes de su publicación. Asimismo, consideran “sospechoso” que el porcentaje de aumento, 20%, de los ataques de lobo en la Comunidad coincida con el de aumento de su población.
