El Consejo Consultivo de Castilla y León se reúne mañana jueves en La Granja, en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, dentro de la serie de visitas que está realizando fuera de su sede, en la capital zamorana.
En este sentido, en lo que va de año, este órgano consultivo que preside Mario Amilivia, ha realizado seis reuniones de trabajo fuera de su sede oficial, para acercar la función consultiva a las administraciones y ciudadanos en general, tanto en capitales de provincia como en localidades más pequeñas.
Es la segunda vez, desde el año 2003, que el Consejo Consultivo se desplaza a la provincia de Segovia; la primera tuvo lugar el 26 de noviembre de 2008 y el lugar elegido entonces fue la sede de la Delegación Territorial de la Junta en la capital segoviana.
En la reunión prevista para mañana se aprobarán 31 dictámenes: 30 sobre consultas derivadas de reclamaciones de particulares de Responsabilidad Patrimonial, y uno sobre un proyecto de decreto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El Consejo, regulado por la Ley 1/2002, de 9 de abril, vela, en el ejercicio de sus funciones, por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de todo el ordenamiento jurídico.
Sus dictámenes, fundados en derecho, contribuyen a garantizar la legalidad y el acierto de la actuación administrativa y con ello a la mejor protección de los derechos de los ciudadanos y a la consolidación de su posición jurídica.
Su principal característica es la autonomía orgánica y funcional en el ejercicio de sus funciones, como garantía de su imparcialidad y objetividad.
Los miembros del Consejo Consultivo, cuyo primer mandato de seis años expiró en mayo del año pasado, son Mario Amilivia González, Javier Fernández Costales y Antonio Pérez Solano (consejeros electivos designados por las Cortes de Castilla y León); Demetrio Madrid López y José Constantino Nalda García (consejeros natos en su condición de ex presidentes de Castilla y León).
El año pasado este Consejo registró un total de 88 dictámenes relacionados con la provincia de Segovia, un 6% del total. Derivaron, 81 de ellos, de otras tantas reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial; cuatro expedientes de Contratación Administrativa (todos ellos resoluciones de contrato en Palazuelos de Eresma y Segovia capital) y tres de Revisión de Oficio de los Actos Administrativos.
Las consultas por daños y prejuicios de los servicios e infraestructuras municipales coparon esta estadística.
