Junta y organizaciones profesionales agrarias cerraron en el Consejo Agrario una postura de Comunidad para defender con “una sola voz” medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, que beneficien al agricultor profesional y faciliten la producción y la rentabilidad de las explotaciones.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, y los representantes de las opas de la Comunidad, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo; los responsables de La Alianza, Lorenzo Rivera (COAG) y Aurelio González (UPA); y el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, escenificaron su unidad en un acto celebrado en la sede del Instituto Tecnológico de Castilla y León (Itacyl).
García-Gallardo consideró “muy positivo” el documento de consenso y aclaró que será el próximo lunes Gerardo Dueñas quien acudirá con los papeles debajo del brazo a una reunión de todos los consejeros de Agricultura a Madrid con el ministro Luis Planas, donde defenderá un conjunto de propuestas para acabar con las “excesivas restricciones” de la nueva PAC y “evitar entre todos” debilitar al campo, que es “una pieza fundamental a nivel social y económico”.
Donaciano Dujo destacó que la posición de Castilla y León es “clara” y pasa por “favorecer a los profesionales, a los que tenemos la agricultura como bien económico principal” y garantizó que “lucharemos por lo nuestro, porque el Gobierno central ponga en su sitio al profesional productivo y libre de la agricultura”.
El documento
El documento de consenso demanda excepciones en las condiciones de aplicación de la solicitud única para la campaña 2024, así como una propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) correspondiente al periodo 2023-2027. En el documento se incluye también una nota en la que se reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha del Plan sectorial para el Ovino “con el fin de apoyar a este sector, cuyo abandono y disminución de censos año tras año resulta alarmante”.
En cuanto a las medidas de flexibilidad que se plantean, obedecen a la constatación de que “la rotación de las tierras de cultivo por parcela supone un cambio significativo en las políticas agrícolas en España que exige un periodo de adaptación, reflexión y concienciación de los agricultores”. Y que afecta especialmente a los cultivos de maíz, que indirectamente repercuten sobre las explotaciones de vacuno que lo usan para alimentar a sus cabañas.
“La continuidad de la obligación de la rotación durante el año 2024 producirá una reducción de la superficie sembrada y, en consecuencia, la producción disminuirá, y con ello obligará a la importación de maíz de otros países alejados de España por el desabastecimiento del mercado nacional”, se afirma en el documento con la posición común de la Comunidad.
Y añade: “Es difícil justificar esta obligación cuando la situación geopolítica mundial que llevó a la Comisión Europea a excepcionar esta norma el año pasado, por la escasez de alimentos en el seno de la Unión”, persiste.
Por ello, la propuesta de Castilla y León para eliminar o reducir condicionantes como la obligación de establecer el barbecho en las superficies de regadío, o la rotación del cultivo de maíz, que conllevan limitaciones o reducciones de producción, permitirá evitar el alza de los precios de los alimentos, precisamente en un momento inflacionista.
