La legítima batalla judicial de los acusados por el caso Gürtel, cuyos abogados tratan de encontrar cualquier rendija en el ordenamiento legal que les permita echar abajo uno de los casos de corrupción política mejor documentados de la historia, dio ayer sus primeros, y sustanciosos, frutos. Fue así hasta el punto de que el Tribunal Superior de Madrid acordó invalidar la mayor parte de las grabaciones de las conversaciones mantenidas en prisión entre los cabecillas de la trama y sus abogados, cuya intervención ordenó Baltasar Garzón y que avaló luego el juez de Madrid Antonio Pedreira. La decisión, que fue desvelada ayer por un diario de difusión nacional, se trasladará a un auto judicial en los próximos días y fue adoptada el martes tras cuatro sesiones de deliberaciones.
Esta actitud del Tribunal Superior madrileño deja fuera de juego una de las pruebas más importantes del proceso, aunque entre las pocas cintas que se salvarán de la guadaña judicial están las que reflejan indicios de una posible financiación ilegal del PP. Se trata de una charla entre el ex secretario de organización del partido conservador en Galicia Pablo Crespo y el abogado José Antonio López Rubal en la que se aborda tan espinosa cuestión.
No obstante, más allá de que algunos indicios todavía queden en pie, lo cierto es que no resulta descabellado aventurar que, al margen de la indudable pérdida que supone la anulación de las cintas, la decisión contamina de manera muy seria todo el procedimiento y abre innumerables grietas procesales que sin duda serán aprovechadas por los defensores de Francisco Correa y sus colaboradores para tumbar la inmensa mayor parte de la instrucción del caso.
De hecho, en un intento apresurado por evitar que tal sensación se trasmita a una indignada opinión pública, que no podría comprender cómo este tipo de argucias legales impiden que se juzgue a los acusados, la Fiscalía y los partidos políticos proclamaron que el caso no quedará arruinado. «Hay material de sobra» para que la causa siga adelante, señalaron fuentes del Ministerio Público, que, desde el anonimato, creen que «sigue habiendo caso Gürtel», aunque reconocen que no se podrán calibrar todas las consecuencias hasta que no se comunique el auto del Tribunal Superior madrileño.
A la espera de la notificación formal de la resolución, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, proclamó que existen pruebas «completamente independientes» que permitirán continuar la instrucción, «desvinculadas» de las escuchas ordenadas por Garzón.
En la misma línea, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostuvo que el procedimiento tiene todavía «mucho recorrido» y se mostró convencido de que el juicio seguirá adelante.
Igualmente, el titular de Fomento, José Blanco, dijo confiar en que la anulación de las conversaciones «no signifique absolutamente nada».
Similares fueron las consideraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien sostuvo que el PP quiere que el caso Gürtel «se esclarezca hasta el final y que no por una mala instrucción vayan a quedarse impunes cuestiones que hayan ocurrido y que sean graves».
Mientras, los socialistas valencianos, que han solicitado personarse como acusación popular en la causa contra Francisco Correa y su organización empresarial, afirmaron del mismo modo que el proceso judicial «va a seguir adelante» y va a haber todavía «mucha actividad procesal».
