Jueces de Salamanca mostraron este martes su rechazo al acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez por sus “explícitas referencias” al ‘lawfare’ o judicialización de la política. Así lo manifestó el el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega Bravo, quien dio lectura a un manifiesto durante la concentración convocada ayer de urgencia en la plaza de Colón junto al juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, en defensa de la separación de poderes y contra la Ley de Amnistía, que estuvo secundada por unos 15 profesionales de justicia.
Vega Bravo puso voz a un comunicado firmado por asociaciones judiciales y que, según avanzó, también cuenta con el apoyo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. “Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare’ o judicialización de la política y sus consecuencias”.
El texto del acuerdo alcanzado, según los jueces, contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, “con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la constitución”, según prosiguió el manifiesto.
Estas expresiones, prosiguió Vega Bravo, “en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del poder judicial, no son aceptables”, ya que “el poder judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
El juez decano de los Juzgados de Salamanca, Pedro Rollán, manifestó que esta alusión al control parlamentario de las decisiones judiciales “evidentemente ataca la división de poderes” y, según matizó, “la esencia de cualquier estado de derecho es la división de poderes y cuanto más controles haya mejor”.
Rollán insistió en que “el monopolio de la jurisdicción en los estados democráticos lo tienen los juzgadores y los tribunales y toda interferencia ajena es una excepción, como lo son los indultos y las amnistías”, pero , según el juez decano, “no se puede permitir que el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado”.
