Era principios de los 90, cuando la Infanta Cristina preguntó impactada «¿quién es ese rubio?, en una instalación para deportistas en las afueras de Barcelona. Aquel atractivo joven era Iñaki Urdangarín y, a pesar de aquellos cruces de miradas en el comedor del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallés, ambos deberían esperar algunos años hasta unir sus vidas. Exactamente hasta el 4 de octubre de 1997, cuando Barcelona acogió el enlace de la pareja. Sin embargo, la felicidad del matrimonio se vio truncada en 2011 cuando el juez Castro decidió imputar al Duque de Palma por su presunta implicación en el caso Nóos.
Aunque los rumores sobre las polémicas actividades del exdeportista comenzaron en 2005, y las primeras informaciones se publicaron en 2006, no fue hasta el 7 de noviembre 2011 cuando saltaron todas las alarmas, después de que la Policía Judicial registrara la sede del Instituto que había fundado Urdangarín, así como otras sociedades mercantiles vinculadas al que fuera jugador de balonmano del Barcelona. Desde Washington, donde el Rey podría haberles recomendado trasladarse para alejarse del ruido mediático, según algunas fuentes, Urdangarín envió un escueto comunicado asegurando que defendería su «honorabilidad e inocencia» en relación a su gestión en la firma «desde la convicción» de que su actuación profesional fue «siempre la correcta».
Solo unos días antes de que el juez Castro decidiera imputar al marido de la Infanta, el 29 de diciembre de 2011, Don Juan Carlos subrayó, en su discurso tradicional de Nochebuena, el «comportamiento ejemplar» que deben tener todos los responsables públicos y recordó que «la Justicia es igual para todos», por lo que «cualquier actuación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley».
También antes de conocerse el auto del magistrado, el 12 diciembre de 2011, Zarzuela anunció que el Duque dejaría de participar en actividades oficiales de la Casa Real. Hasta ese momento, Urdangarín siempre había asistido a actos oficiales como acompañante de la Infanta, nunca en solitario. La última vez que lo hizo fue el desfile por el 12 de octubre de 2011.
Precisamente, en esa fecha pero del año siguiente se produjo un cambio importante en Zarzuela. En esta ocasión, presidieron los actos los Reyes y los Príncipes y la Infanta Elena fue desplazada a la tribuna de invitados y los Duques de Palma no estuvieron presentes. Ese día, además, se anunció que, desde ese momento, el «núcleo central» de la familia serían los Reyes y los Príncipes, quienes representarían a la Familia Real en todos los actos de mayor rango institucional.
Ya en enero de 2013, la Casa Real volvió a «a marcar distancias» con Urdangarín cuando eliminó por completo su sección personal de la web de la institución. Esta decisión se tomó después de que se produjera un movimiento que desde algunos sectores se interpretó como una especie de perdón al Duque: la visita del exdeportista junto a la Infanta a Don Juan Carlos en el hospital en Madrid tras una operación de cadera, el pasado 25 de noviembre. En Zarzuela reconocieron que a la ciudadanía le pudo confundir esta presencia y, por ello, dieron el paso.
La imputación de Doña Cristina es, de momento, el último capítulo de estos años de incertidumbre en un matrimonio que comenzó a fraguarse en un centro de deportistas y que, a pesar de las polémicas, aún continúa unido.
Polémicas reales
N unca un magistrado en Europa había llegado tan lejos como lo hizo ayer José Castro al imputar a la Infanta Cristina. A pesar de que las familias reales no se libran de los escándalos judiciales en el Viejo Continente, nunca un togado había llamado a declarar como imputado a un miembro de la Realeza. El hecho con mayor similitud se encuentra en Bélgica, donde De Laurent, el tercer hijo de los reyes Alberto y Paola, acudió a los juzgados en 2006 como testigo por, presuntamente, haber desviado fondos públicos de la Marina para sufragar los gastos de la remodelación de su casa. Al igual que ocurrió en España, el rey Alberto, en el tradicional discurso de Navidad, subrayó que «ninguna persona está por encima de la ley».
También estuvieron cerca del banquillo la princesa Victoria de Suecia y su marido Daniel Westling por, supuestamente, haber aceptado que un millonario sufragase de manera fraudulenta su luna de miel. Sin embargo, en el país escandinavo, ningún miembro de la familia real puede ser imputado.
La realeza británica tampoco se libra de polémicas jurídicas. Tras la muerte de Lady Di, el empresario Mohamed Al Fayed, padre del acompañante de la princesa en el trágico accidente, acusó a la casa de la Reina Isabel II de haber conspirado para que ambos falleciesen en el siniestro. En Mónaco, el protagonista fue el marido de Carolina de Mónaco, Ernesto de Hannover, que fue condenado a una sanción de 400.000 euros tras una pelea.
