El Partido Popular de Castilla y León inició ayer la tramitación del blindaje de los servicios públicos de la Comunidad por ley con el registro en las Cortes autonómicas de una proposición de ley, que espera aprobarse en un plazo aproximado de dos meses, y que implicará una “reordenación” en el ámbito sanitario para cumplir con la norma ante la falta generalizada de médicos.
Así lo señaló el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, quien defendió la “doble garantía” en la prestación de los servicios públicos en materia de sanidad, educación y servicios sociales que establece la elevación de la norma a rango de ley: por un lado, porque cualquier supresión de centros por descenso poblacional que establezcan las diferentes Consejerías tendrá que ser aprobado en las Cortes y, por otro, porque si se lleva a cabo esa supresión, la ley garantiza que tendrá que mantenerse el mismo volumen de prestación del servicio en la provincia correspondiente.
Con este documento, que desde el PPCyL esperan aprobar con el apoyo “unánime” de los grupos de las Cortes, se da cumplimiento “al compromiso político del presidente de la Junta” en la campaña electoral de 2022 y en los discursos de investidura y del último debate de política general de la Comunidad.
La Proposición de Ley registrada ayer por el PPCyL, y que se espera debatir en el primer pleno de noviembre, consta de seis artículos. El primero de ellos establece el objetivo de la ley, que es garantizar la prestación en el territorio de los servicios autonómicos “esenciales”, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para que todos los ciudadanos los puedan disfrutar “en condiciones de igualdad”.
En el artículo 2, se define y garantiza la prestación zonificada de estos servicios públicos a través de los centros de salud, los de educación infantil, primaria y secundaria y los de acción social “existentes al momento de la entrada en vigor” de la ley y se establece la doble garantía mencionada, por la que cualquier supresión se debe aprobar en Cortes. El artículo 3 se centra en la prestación de los servicios de asistencia sanitaria en el ámbito rural, garantizando el mantenimiento de los 247 centros de salud existentes en Castilla y León y fijando una serie de parámetros para los consultorios.
