El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, coincidieron ayer en advertir a ETA de que no habrá retrocesos en la lucha contra el terrorismo y que el último comunicado de la banda no supone ninguna novedad. Éste fue uno de los mensajes que tanto Dívar como Conde-Pumpido lanzaron durante sus discursos en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, en el que uno y otro han defendido la independencia de los jueces y el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción.
Así, el presidente del Tribunal Supremo aseguró que la contribución de la Audiencia Nacional y del órgano que dirige para eliminar esta lacra «sigue manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro».
En similares términos se ha pronunciado Conde-Pumpido al afirmar, tras el comunicado en el que ETA anunció un alto el fuego, que «digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan», la novedad es que no hay novedad.
Dívar aprovecho también para pedir que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes. Además, añadió que el descontento provocado por la actuación de los tribunales en casos concretos «a veces trasciende el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez».
En este sentido, Dívar aludió así, aunque sin citarlas expresamente, a las acusaciones de politización que en los últimos meses ha recibido el Supremo por los procedimientos abiertos contra el juez Baltasar Garzón.
También se refirió a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, en la que, según recordó, se reconoce al CGPJ como «único órgano de gobierno de los jueces y magistrados» y pidió prudencia para acometer la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que encomendará la instrucción a los fiscales. Dívar recogía así las opiniones expresadas con ocasión de la apertura del Año Judicial por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), así como por los magistrados independientes que el pasado mes de marzo impulsaron el Manifiesto por la despolitización de la Justicia y la independencia judicial que fue suscrito por 1.500 jueces de toda España.
Estos últimos han denunciado que las reformas a las que se refería Dívar «pretenden un asalto a la independencia del poder judicial sin parangón», mientras que la APM sostiene que con ese tipo de iniciativas «parece como si el problema fuera el juez y fuera posible solucionarlo sin su concurso».
El resto de las asociaciones, tanto de jueces como de fiscales, hicieron público el lunes un comunicado conjunto en el que criticaban el gasto que suponen los actos de apertura del Año Judicial y la «discriminatoria» rebaja de sus retribuciones aprobada por el Gobierno, «muy superior» a la de otros empleados públicos y «nada acorde» con su responsabilidad.
Fiscalía
Por otra parte, el fiscal general reclamó durante su intervención a todas las fuerzas políticas y sociales «la confianza y el apoyo unánime de todos los demócratas honestos» al trabajo arduo e imparcial de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en la lucha de la corrupción. Asimismo, consideró que la corrupción «no se vincula a una u otra formación política», sino al «abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que sólo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática».
También desveló que los procedimientos por delito incoados en 2009 crecieron un 1,5 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 4.680.449 a 4.750.913, lo que supone el menor aumento de los últimos cuatro años.
La Fiscalía calificó de «discretísimo» el incremento y sostuvo que es un dato «sin duda esperanzador», ya que es «el más bajo de los cuatro últimos ejercicios».
Conde-Pumpido inició y finalizó su intervención recordando las palabras pronunciadas por el monarca durante su proclamación en 1975: «Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio».
