La Junta de Castilla y León aprobó ayer el Decreto por el que se regula la aplicación de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El objetivo de esta nueva norma es contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración Autonómica, así como a la eficiencia de la comunicación y transparencia con el ciudadano.
Con este sistema de evaluación se conocerá en qué medida se han logrado los fines pretendidos. Además, dado que estas evaluaciones tendrán carácter público, cualquier persona será capaz de comprobar cuáles de los planes implantados por la Junta responden correctamente a los objetivos marcados, y cuáles necesitan de una revisión para ser verdaderamente útiles para los castellanos y leoneses.
Con el Decreto aprobado, se implica a todas las consejerías, a los organismos autónomos y a los entes públicos de derecho privado de la Administración autonómica, quienes tendrán que analizar sus planes ya aprobados con vistas a la evaluación que corresponda. Además, deberán tener esta previsión para futuros planes y programas que vayan a ser propuestos para aprobación por la Junta de Castilla y León.
El nuevo Decreto, aprobado en Consejo de Gobierno, supone el desarrollo de la Ley de 2010 de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que representa la base legal necesaria para aplicar un sistema de evaluación de las políticas públicas. Lo que viene a hacer el Decreto es establecer un reglamento en el que se indica quien debe realizar las evaluaciones y cuál será el procedimiento para llevar a cabo dicha evaluación.
Serán determinados empleados públicos especializados en determinadas materias los que estarán implicados en el proceso, aunque insistió en que se trata de “no sobrecargar” a todos ellos. Es decir, se aprovecha la estructura administrativa existente, y se evita así el gasto que supondría la creación de un organismo específico creado al efecto o la intervención de otras entidades externas y ajenas. La Junta de Castilla y León considera que no hay nadie mejor que sus propios empleados, que son los que conocen en mayor medida las competencias y servicios que gestionan para evaluar las medidas adoptadas y sus resultados, detectando los márgenes de mejora y, en definitiva, ayudando a que la Administración Autonómica cumpla con lo que el ciudadano espera de ella en esas materias. Para ello, se incorporarán a los planes de formación jornadas especializadas para ellos, con el objetivo de extender la cultura evaluativa en el personal.
No obstante, si en algún momento, por razones de su complejidad o volumen, fuera necesaria la intervención de una entidad externa especializada, el Decreto aprobado también reconoce esta posibilidad, que será en todo caso tratada como una excepción.
Ayudas por la EHE
El consejero de Economía y Hacienda, además avanzó en la rueda de prensa que la Junta aprobará ayudas a los ganaderos afectados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que ha causado la muerte de cientos de vacas en Castilla y León, si bien insistió al Gobierno central que “se trata de un asunto prioritario” a pesar de encontrarse en funciones y le reclamó que cumpla sus competencias al respecto, como es la puesta en marcha de un protocolo homogéneo y las ayudas iniciales que luego podría complementar la Junta.
Prórroga de la Euro 7
Asimismo, Carlos Fernández Carriedo, aplaudió la prórroga aprobada por el Consejo Europeo para la implantación de la normativa Euro 7, relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor y de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos en lo que respecta a sus emisiones y a la durabilidad de las baterías.
