En Castilla y León se produjeron 5.086 ataques de lobos a ganado en 2022, frente a los 4.301 de 2021, lo que supone un incremento del 18,25 por ciento, según reveló ayer la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) quien apuntó, que en las comunidades autónomas con mayor presencia de manadas (Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja) se registraron 2.338 ataques más que en el mismo periodo del año anterior. Los ataques de lobos pasaron de 10.560 a 12.898, y Castilla y León fue la comunidad que más daños acumuló con el 39,43 por ciento del total.
COAG dio a conocer la evolución del número de ataques de lobos a ganado desde la entrada en vigor del Lespres, y exigirá al nuevo Gobierno que se constituya que rectifique inmediatamente el error cometido en septiembre de 2021 al incluir al lobo entre las especies especialmente protegidas.
Asimismo, instará al Gobierno a que se ponga en línea con la Unión Europea, que pide flexibilizar esta protección porque “la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos”, según precisó la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen, que además instó a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas cuando sea necesario.Durante el primer año de aplicación de la orden por la que se modificaba el Real Decreto 139/2011 para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, los ataques con daños a ganado se han disparado un 19 por ciento, según COAG.
“Es el momento de realizar una profunda reflexión sobre el efecto de una medida ultra proteccionista tomada sin atender a razones objetivas sobre la situación real de la especie, que está en expansión y no en peligro, y sin escuchar a las zonas y sectores más afectados. El 22 de septiembre acaba el plazo de la Comisión Europea para que se le trasladen datos actualizados del censo real de lobos que hay en España y nos consta que los datos que han traslado las comunidades autónomas evidencian que Teresa Ribera se pasó de frenada e hizo caso omiso a aquellos datos que no justificaban su iniciativa”, subrayó el portavoz de Ganadería y Lobo de COAG, Gaspar Anabitarte.
Desde COAG exigen la derogación de la orden y que se abra un proceso de diálogo con comunidades autónomas loberas y organizaciones agrarias para consensuar una estrategia nacional de compatibilización de las poblaciones de lobo y el mantenimiento y desarrollo de la ganadería extensiva, que “es una pieza fundamental tanto para la pervivencia de las zonas rurales como para la preservación de los valores naturales, paisajísticos, gastronómicos y culturales de las mismas”.
