La emboscada que dejó hace una semana tres personas muertas, entre ellas a un policía, confirmó los problemas que afronta la lucha contra el narcotráfico en la selva peruana, donde el cultivo ilegal de hoja de coca continúa siendo un buen negocio.
Perú es actualmente el segundo productor mundial de hoja de coca y de cocaína, con algo más de 56.000 hectáreas de cultivo que en 2008 produjeron un alrededor de 300 toneladas de droga (36 por ciento del total mundial), según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Datos extraoficiales señalan que el kilo de hoja de coca ilegal en la zona selvática del Alto Huallaga se pagó en 2009 en más de 12 soles (4 dólares), un 9 por ciento más en comparación con 2008, según la web Inforegion, especializada en el tema.
En contraposición, los cultivos sustitutorios logran precios mucho más bajos: el café se situó el año pasado en 5,10 soles (1,7 dólares, un 15 por ciento menos que en 2008), el de cacao en 4,57 soles (1,5 dólares) y el de palma en 0,29 soles (0,09 dólares).
El Gobierno inició en 1982 el Proyecto de Control y Reducción de los cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah), que el año pasado realizó 285 operaciones combinadas (por aire y por tierra), lo que permitió erradicar más de 10.000 hectáreas de este cultivo.
Sin embargo, los responsables antidroga reconocen en privado que los narcotraficantes plantan nuevas parcelas a mayor velocidad que las que ellos logran eliminar.
En 2009, se registraron 36 atentados contra el personal de Corah, que muchas veces son atacados por los cultivadores, narcotraficantes y remanentes terroristas aliados con los carteles de las drogas.
Precisamente, en un reciente atentado perpetrado por desconocidos en la región Huánuco, murieron dos trabajadores del Corah y un policía, de un grupo de más de 300 personas que estaban suprimiendo esta actividad ilegal.
El incidente se produjo una semana después de que 17 partidos políticos peruanos suscribieran un pacto ético contra la infiltración del narcotráfico, propuesto por la oficina estatal de lucha contra las drogas (Devida).
responsabilidad conjunta. Este organismo ha incidido en la importancia de difundir los cultivos alternativos y la necesidad de una «responsabilidad compartida» entre los países productores de cocaína y los países consumidores, como es el caso de EEUU.
Sin embargo, el experto en temas cocaleros Hugo Cabieses afirma que el modelo de desarrollo alternativo aplicado por el Gobierno ha tenido un éxito relativo entre los agricultores, pero sólo incide en la lucha contra la producción. «Para mí son variaciones dentro de la misma melodía, y la música es atacar lo que es la oferta de droga sin mostrar mucha preocupación por lo que es la demanda, por la gran cantidad de drogadictos que hay en Estados Unidos y Europa», remarca.
Cabieses enfatiza que el modelo aplicado en Perú «tiene un gran problema y es que de los cuatro productos que impulsa, que son café, cacao, palmito y palma aceitera, únicamente este último es de exportación».
En este sentido, añade, «ése es un error estratégico del Gobierno, que cree en la quimera de la exportación en una zona que no es apta para exportar», para luego opinar que el responsable de Devida, Rómulo Pizarro, realiza «el esfuerzo encomiable» de tratar de «comprometer primero al Estado peruano con recursos de los planes de inversión rápida».
El asunto fue debatido en las últimas semanas en el país, tras las visitas del secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, y del secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates.
Fue Valenzuela el que le dio mayor énfasis, al destacar en Lima el supuesto éxito el Programa de Desarrollo Alternativo implementado por Perú en su lucha contra el narcotráfico. El secretario adjunto aseguró que Estados Unidos se siente «responsable» en esta lucha, por ser uno de los mayores consumidores, y reiteró que el apoyo económico de su país ha disminuido porque el programa peruano «es exitoso».
El ministro peruano del Interior, Octavio Salazar, afirmó, al respecto, que Perú recibirá 34 millones de dólares de Estados Unidos, pero espera obtener en los próximos meses una mayor cooperación financiera de otros territorios de Europa, Asia y Oceanía.
«A esos lugares también llega el clorhidrato de cocaína. No solamente veamos a los países productores. Este es un tema mundial que requiere de políticas claras y del apoyo necesario para mejorar los aspectos importantes», argumenta Salazar.
