La contratación realizada por la Junta en el año 2021 alcanzó los niveles de cuantía económica de los años previos a la pandemia de COVID-19, al suscribirse 2.914 expedientes por valor de 764 millones de euros, cifras similares a los 762 millones del año 2019 en virtud de los 3.224 contratos suscritos entonces. Así lo señala el informe de fiscalización de la contratación administrativa realizada por el conjunto de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en 2021, presentada ayer por el presidente del Consejo de Cuentas autonómico, Mario Amilivia, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de la Comunidad, y donde planteó que, no obstante, la cantidad referida se encuentra aún lejos del máximo alcanzado en 2006, con 1.486 millones. Los datos presentados por Amilivia apuntan que el mayor volumen de contratación se realizó, en el ejercicio 2021, por la Gerencia de Salud, con el 51,3 por ciento, aunque no debido a la pandemia, ya que este ente ya representó el mismo porcentaje en los ejercicios previos a la COVID-19, aunque superior en 2020 con motivo de la incidencia de la pandemia, con el 62 por ciento.
Por tipo de contratos, el 42,8 por ciento correspondió a servicios, el 36,3 por ciento a suministros y el 18,3 por ciento a obras, con relación al procedimiento de adjudicación, los contratos abiertos se acercaron al 48 por ciento mientras que los negociados sin publicidad regresaron al marco normal, con un 17,4 por ciento, tras representar el 42 por ciento el año previo por la situación de emergencia por la COVID.
En cuanto al cumplimiento de publicidad y transparencia de los contratos, así como de concurrencia, acceso e igualdad de trato como marca la ley, Amilivia expuso que la Junta “cumple de manera general” y que “la mayoría de las irregularidades detectadas volvieron a concentrarse en la fase preparatoria del expediente”, aunque también se detectaron “deficiencias” en algunos de los 90 expedientes analizados como la ausencia de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad y la ausencia de justificación suficiente del presupuesto base de licitación, así como la incorrecta definición de los criterios de adjudicación.
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Por ello, y pese a que la Administración autonómica vuelve a cumplir “razonablemente” con la legalidad aplicable, el Consejo de Cuentas recomendó a la Junta la depuración de las deficiencias detectadas en el Registro Público de Contratos, el establecimiento de un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil del contratante, la incidencia en la objetividad de los criterios de adjudicación, la motivación suficiente de las unidades de contratación sobre las ofertas analizadas y la determinación en las cláusulas administrativas particulares de la forma de justificación y cumplimiento de las condiciones especiales. Además, se pide a los órganos de contratación, en particular a las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Economía y Hacienda, y Agricultura, “extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo de duración y ejecución establecido”.
