Castilla y León volvió a situarse a la cabeza de las comunidades autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales en 2022, sólo por detrás de Navarra, al obtener la mejor calificación entre las regiones de régimen común. Desde 2017, la autonomía cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización que le permiten alcanzar la ‘Excelencia’ en el Índice de desarrollo de los Servicios Sociales que cada año elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.
La presentación del informe ayer incluyó un reconocimiento a la Junta por los buenos datos regionales durante la última década -líder del listado entre las autonomías de régimen común de manera ininterrumpida- con un premio que fue recogido por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
“Navarra y Castilla y León son líderes del sector en esta década. Llevan diez años sin bajar del podio y eso es síntoma de que las cosas se han hecho y se hacen bien”, enfatizó el coordinador de estudios de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, durante la entrega del galardón. “Es una alegría recoger este reconocimiento que se le otorga a Castilla y León por ser referente nacional en los últimos 10 años”, apuntó Blanco, antes de añadir que este premio “pone de manifiesto el compromiso de la Junta y del presidente Mañueco con los habitantes de nuestra tierra y, además, tiene que servir de acicate para seguir mejorando”. Asimismo, mostró su agradecimiento a “todos los profesionales del sector” que son, según remarcó, parte fundamental de este galardón, así como a todas las Administraciones Públicas de la región.
Según se desgrana en el informe de este colectivo, el gasto en Servicios Sociales que realizan las Administraciones Públicas de Castilla y León -Junta, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos- se recupera después de varios años en los que la tendencia ha sido decreciente. Así, el gasto en este ámbito por habitante alcanzó en 2022 los 519,3 euros, 71,2 más que el año anterior (un aumento del 15,9 por ciento). Una cifra, además, que está por encima de la media estatal, que es de 462,7 euros. En esta línea, Castilla y León es una de las pocas comunidades donde aumentó el porcentaje del gasto de las Administraciones Públicas en relación con el PIB regional, pasando del 1,94 por ciento en 2020 al 2,12 por ciento en 2021 (último año del que existen datos oficiales del Presupuesto liquidado), mientras que la media estatal se situó en el 1,82 por ciento, seis décimas menos que el año anterior. “Somos de las pocas comunidades que ha incrementado el porcentaje del gasto con respecto al PIB”, subrayó la consejera.
En este sentido, el presidente de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, hizo hincapié en que aunque Castilla y León no es la comunidad “con mayor gasto, sí es la que tiene más eficiencia”. “Saben cómo y dónde gastar para obtener los mejores resultados”.
Violencia de género
Castilla y León destaca por encima de la media nacional en varios aspectos, según el informe. Así, la atención a la dependencia, las plazas residenciales para personas mayores de 65 años, los servicios residenciales para personas con discapacidad o las plazas de alojamiento para personas sin hogar son algunos de los baremos en los que la comunidad sobresale en el mapa español. Algo que también ocurre con las plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, con 21,1 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Castilla y León, por 13,1 de media estatal. Este dato lo subrayó especialmente por la consejera: “El Gobierno del presidente Mañueco tiene un compromiso especial con la igualdad y con la lucha contra la lacra que supone la violencia de género. Por eso se han incrementado los recursos para las víctimas. Y por eso es importante destacar que estamos ocho puntos por encima de la media nacional”.
