Un total de 5.693 personas reciben el ingreso mínimo vital (IMV) en Segovia, lo que supone un 3.66% de la población total de la provincia. En el conjunto de la comunidad, 87.102 personas perciben esta ayuda, un 3,65% de castellano leoneses, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de agosto.
Valladolid es la provincia donde más personas han recibido el IMV, un total de 17.656, le sigue de cerca León con 17.610, Salamanca con 13.435, Burgos con 9.563, Ávila con 7.543, Palencia con 6.813. Las tres provincias con menos beneficiarios son Zamora con 6.737, Segovia con 5.693 y Soria con 2.052.
A nivel nacional, el IMV ha llegado a 1.971.429 personas, alcanzando por tanto a un total de 677.150 hogares en España. Por población, Ceuta y Melilla es donde más se ha concedido la ayuda, el 13,97 y el 15,06 % de sus habitantes, respectivamente. Aunque, sí se habla de cifras totales, Madrid es donde más se ha concedido, en total a 180.609 personas. En el lado contrario de la tabla, los sitios con menos perceptores del IMV son Baleares con 23.474 personas, el 1,93 % de la población; Barcelona con 117.14, el 2,00 %; Guipúzcoa con 15.724, el 2,16 % y Soria con 2.052, el 2,28 %.
La prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Esta medida fue aprobada en mayo de 2020, en plena cuarentena, por lo que nació en un contexto en el que se necesitaba de una respuesta rápida, ante estos momentos de incertidumbre. Sin embargo, como ya ha pasado con otras ayudas económicas del actual ejecutivo en funciones – como el cheque de 200 euros-, la tasa non make-up – personas que cumplen con los requisitos, pero no solicitan la ayuda – es bastante elevada.
En el mes de junio, La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya aviso de que la medida no estaba llegando al nicho de población previsto por el gobierno, y que tan solo había llegado al 35% de esta población. Entonces, el organismo señalo que su coste anual efectivo se ha limitado a 1.900 millones de euros, lo que supone “el 47% de su potencial”. Esto hace que las iniciativas de difusión e información llevadas a cabo por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no hayan sido eficaces.
