Castilla y León pasará a una posición de “ataque” en su relación con el Estado en la defensa de los intereses de la Comunidad y vigilará con grupos de trabajo técnico-jurídico en todas las consejerías las normas que se aprueben, que, en caso de lesionar sus competencias, llegarían hasta la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, expresó ayer esta “novedad” en su comparecencia en las Cortes para exponer su programa, ya que fue nombrado consejero en mayo en sustitución de Jesús Julio Carnero, y manifestó que seguirá una línea continuista con las marcadas por quien le precedió, hoy alcalde de Valladolid.
Gago argumentó que hasta ahora la mayoría de reuniones de la Subcomisión de Solución de Conflictos se han producido a instancias del Estado, no de la Comunidad, pero avanzó que en esta legislatura, como “cuestión novedosa”, la Administración autonómica “va a dejar de jugar a la defensiva para pasar a jugar al ataque en defensa de nuestras competencias estatutarias”.
Precisó que se determinará reglamentariamente un mecanismo orgánico propio para analizar las leyes, con lo que cada consejería contará con un grupo de trabajo de carácter técnico-jurídico encargado de detectar las posibles colisiones de esa nueva normativa estatal aprobada con el Estatuto de Autonomía.
En caso de detectarse alguna colisión, a propuesta de la parte castellano y leonesa de la Subcomisión, explicó que se dictará la Orden correspondiente solicitando al Estado iniciar las reuniones y trámites previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, de no fructificar en un acuerdo por consenso entre ambas partes, conllevará el planteamiento, con informe del Consejo Consultivo, del correspondiente recurso de inconstitucionalidad mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, en la legítima defensa de nuestra autonomía.
En una respuesta posterior a los grupos de las Cortes, aseguró que no supone “un ataque” contra el Estado, sino tener una posición “proactiva” y tomar la iniciativa en reuniones de los órganos bilaterales en la relación estatal.
Igualmente, se refirió a las relaciones con las comunidades vecinas y precisó que, tras renovar el protocolo de colaboración con Madrid, está “avanzado” la tramitación de nuevas propuestas de colaboración con la Xunta de Galicia.
Además, señaló que en el último trimestre de este año se iniciarán los trabajos para la elaboración de la III Agenda de Acción Exterior con el compromiso de su aprobación en el año 2024 y apuntó, como novedad, la creación de Centros de Innovación Social para el desarrollo local sostenible en la zona de la Raya en las localidades de Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza.
Municipios pequeños
La Consejería de la Presidencia prepara una línea de ayudas de 3.000 euros destinada a los pequeños municipios para que puedan mantener sus centros de ocio y convivencia social y evitar la soledad no deseada, que se incluirá en los próximos presupuestos de la Comunidad.
El consejero enmarcó esa línea en el apartado de colaboración con las entidades locales de Castilla y León, a través de la que su departamento gestiona 109 millones, que sumada a la sectorial del resto de consejerías (362 millones) alcanza los 472 millones del Plan de Cooperación Local, que contará con una nueva norma para regular el registro de ayudas de la Administración autonómica a las entidades locales.
González Gago expresó el compromiso con el nuevo Fondo de Cohesión Territorial y con la dotación de 20 millones anuales para los municipios menores de 20.000 habitantes hasta llegar a un total de 80 millones al final de la legislatura. Como prueba su compromiso, precisó que en el mes de junio se ha resuelto su convocatoria.
Aseguró que las convocatorias de oferta de empleo público de estabilización para el personal docente y estatutario, aprobadas en mayo de 2022 y que afectan a 9.438 plazas, se cumple de manera “rigurosa y leal” al publicarse antes del 31 de diciembre de ese año.
