Ante la próxima investidura del futuro presidente de Gobierno, el Rey afronta una difícil decisión, teniendo que elegir entre dos candidatos. Por un lado, puede proponer a Feijóo, que cuenta con más votos que Sánchez, pero sin mayoría absoluta. O bien, ha de designar a Sánchez que pretende conseguir suficientes apoyos para ser investido. El problema está en cómo comprobar que tales presuntos apoyos (o sea promesas) son efectivos. Pues, esas promesas serán de hecho apoyos reales si se cumplen y son verificables. Lo cual depende, ahora, de la credibilidad de quienes prometen. Entre ellos, algunos se oponen a la monarquía y además propugnan la fragmentación de España. No acatan la Constitución. Por el contrario, los votos que respaldan a Feijóo son comprobables. Están impresos en papeletas: se han contado y declarado legales y legítimos. Así, pues, el rey deberá elegir entre votos que dieron la victoria a Feijóo en las elecciones generales del 23J, o bien, “promesas”, que son imposibles de comprobar antes de la investidura. En una situación tan difícil y comprometida, ¿no debe prevalecer la obligación del Rey como árbitro y moderador del orden constitucional? Es decir, ante la inconcreción de la Carta Magna en este punto, el bien del orden democrático debe prevalecer y demanda resolver la situación mediante una decisión prudencial, legítima, que salvaguarde la democracia constitucional.
