El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se encuentra regulado en la Ley 22/2009 y debía haberse renovado en el año 2014, pero el problema en poner de acuerdo a 15 Comunidades ha impedido su reforma. El precio de una investidura puede determinar un cambio del aquel sistema de financiación. Las otras dos Comunidades, Navarra y el País Vasco están sobrefinanciadas, situación a la que aspira Cataluña en el nuevo sistema de financiación, aprovechando la investidura del nuevo gobierno. Cataluña aspira a una negociación bilateral y que se condone su deuda procedente de la aportación del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y cifrada en 71.800 millones de euros. Lo cual fomentaría la indisciplina fiscal de las Comunidades, mientras que la actual Ministra de Hacienda aboga por criterio de población ajustada y que beneficiaría a las Comunidades más pobladas. Esquerra Republica aduce para votar a favor de la investidura la subsanación del presunto déficit fiscal de aquella Comunidad, la diferencia entre los que recauda y lo que se invierte en Cataluña, que se cifraría en 20.000 millones de euros anuales. Una situación que se demostró que no era real, de acuerdo a las balanzas fiscales publicadas por el propio Ministerio de Hacienda.
La reclamación económica para el voto a la investidura suma 92.000 millones de euros, solamente para la Comunidad de Cataluña, los 71.800 millones del FLA y los 20.000 millones de euros del presunto déficit fiscal con el fin de financiar nuevas dotaciones a los servicios públicos.
La propuesta de reforma del sistema de financiación de las Comunidades se va a vender como un sistema que va primar el gasto social, educación y dependencia, sobre el índice de número de habitantes (criterio de población ajustada). Sin embargo, la realidad de la propuesta es muy distinta. El modelo actual el reparto de los fondos se realiza básicamente en función de la población ajustada: en la que se tiene en cuenta la población (30%), la sanidad (38%), la educación (20,5%) y la dependencia (8,5%), mientras que se tienen en cuenta marginalmente la superficie (1,8%), la insularidad (0,6%) y la dispersión (0,6%). Aquella propuesta puede beneficiar a las Comunidades más pobladas, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, al propio tiempo que marginar a la España vaciada, entre la cual se encuentra la Comunidad de Castilla y León.
En definitiva, la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y la condenación de la citada deuda autonómica no puede ser moneda de cambio para facilitar la próxima investidura, ni se puede ahondar en una España que camine a dos velocidades: la rica y la España vaciada. Agravar la actual desigualdad infringiría el principio constitucional de solidaridad interregional, e impediría además un avance de las regiones menos desarrolladas y de la cohesión territorial, lo que afectaría a la viabilidad del actual modelo constitucional.
