El desarrollo social de un país se mide por la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente de su población infantil. Si los niños y niñas no pueden acceder a unas condiciones de vida dignas, no puede decirse que nos encontremos ante una sociedad justa y equitativa. La ruptura del círculo de la pobreza, especialmente desde la infancia, constituye una obligación de los poderes públicos en orden a conseguir una sociedad justa.
La pobreza infantil limita las posibilidades educativas y, con ello, las laborales, así como reduce las oportunidades y amplía las desigualdades sociales. Los niños que han padecido la pobreza en su infancia tienen dificultades en los estudios, en el aprendizaje y en el acceso a empleos cualificados, unas consecuencias que se extienden a la edad adulta y evidentemente al conjunto de la sociedad. En efecto, el potencial económico de un país se reduce como consecuencia de la pérdida de capital humano que conlleva la pobreza infantil.
Sin embargo, desde hace décadas España es uno de los países de la Unión Europea donde la pobreza infantil tiene una mayor prevalencia, como expone el Informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil titulado “el coste de la pobreza infantil en España”. En efecto, España ocupa una de las primeras posiciones en este ranking, al mismo tiempo que la pobreza infantil es muy superior a la que debería corresponder según su nivel de riqueza. Existe una falta de correspondencia entre el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la dimensión de la pobreza infantil en España. La crisis económica que se inició en 2008, tuvo su peor momento en el año 2013, y determinó un aumento de la incidencia de la pobreza infantil hasta afectar a uno de cada tres adolescentes (27,5%). Unas cifras que se mantuvieron hasta el año 2019, en vísperas de la pandemia, y que son muy superiores a las de los países europeos de nuestro entorno. Una pobreza infantil y crónica: casi uno de cada cuatro adolescentes vive en una situación de pobreza crónica. Mientras que esa pobreza supone menores oportunidades de alcanzar un nivel de estudios elevado (los adolescentes en situación de pobreza tienen un 28% menos de probabilidades de alcanzar un nivel de estudios superior), mayor precariedad laboral (12% menos de probabilidad de trabajar en contratos indefinidos y un 14% más de hacerlo con contratos temporales), trabajos peor remunerados y mayores riesgos de padecer enfermedades físicas y mentales.
En resumen, de acuerdo con el citado informe sobre el coste de la pobreza infantil en España elaborado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el coste anual en términos de productividad laboral se cifra en 57.000 millones de euros anuales, equivalente al 5% del PIB en 2019.
Por tanto, resultará alto el potencial de retorno de la inversión en políticas efectivas de lucha contra la pobreza infantil, en concordancia con el Plan Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea 2022-2030, con una reducción de nueves puntos para 2030. Cuando más temprano se actúe, menores serán las consecuencias. Sin embargo, la tasa de pobreza del grupo social de menor edad (0 a 5 años) ha aumentado y resulta también prioritario la lucha contra la pobreza de los niños entre 6 a 12 años, siendo el empleo el medio que más protege frente a la pobreza, por lo que hay que luchar contra la precariedad laboral y el desempleo. Mientras que la distribución territorial de la pobreza infantil crónica se sitúa en el año 2019 en Andalucía (23,2%), Cataluña (16,8%), C. Valenciana (12,1%) y Madrid (11,7% del total). Es decir, aquella pobreza se concentra en el sur peninsular y en la periferia de las grandes ciudades (uno de cada tres niños en riesgo de pobreza viven en Cataluña y la C. de Madrid), mientras que uno de cada diez vive en zonas poco pobladas.
El pasado día 6 de julio también se publicó el primer mapa real de la pobreza infantil formulado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que confirma que dicha pobreza afecta al sur peninsular y en los ámbitos urbanos, cifrándose en 566.500 los hogares sin ingresos en 2023, de los cuales 112.400 tienen un menor al menos.
El Informe de Save the Children titulado “Guaranteeting Children´s Future” confirma las anteriores conclusiones, la pobreza infantil se mantiene en los años 2020 y 2021, y el riesgo de pobreza afectaría al 33,4% de los adolescentes en 2021 en España (31% en 2019, un 1,6 puntos más), mientras que la pobreza severa afectaría a un 12% de aquellos niños. Unos datos ratificados por la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE de abril de 2023, donde se indica que los niños y niñas son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y también en el que se ha producido un mayor incremento del riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza infantil se ha incrementado en 1,5 puntos hasta e 28,9% en 2021, frente al 27,4% en 2020, mientras que la pobreza severa se mantiene en el 9%, resultado de los efectos de la crisis derivada de la pandemia, de modo que las cifras de la población infantil en situación de pobreza son las más altas de los últimos cinco años, por lo que es urgente la toma de medidas para reducir la pobreza infantil en España y revertir la tendencia. Por Comunidades Autónomas, las mayores tasas de riesgo de pobreza se mantienen en 2021 en Extremadura (32,3%), Andalucía (32,3%) y Canarias (28,4%) frente a las que presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas que son Comunidad Foral de Navarra (9,8%) y País Vasco (12,2%).
Se ha demostrado que el llamado “escudo social” no ha bastado en estos cinco años, por lo que es necesario reformar la protección a la infancia de manera estructural y solo coyunturalmente. La creación de empleo estable y el incremento de su nivel retributivo son el mejor antídoto contra la pobreza infantil, como se ha demostrado, por lo que han de aumentar la productividad de nuestra economía y los niveles de inversión, que aseguren un desarrollo económico sostenido y apuntalen las medidas de ayudas coyunturales a favor de los más desfavorecidos, junto con la mejora de la gestión del Mínimo vital.
