“No hemos venido a un camino de rosas. Estoy disgustada y me preocupa pero soy consciente de que los ciudadanos nos han traído con sus votos aquí para resolver problemas. Son cuentas pendientes del Ayuntamiento de distintas épocas que a nosotros nos toca la responsabilidad de resolver, y no les quepa la menor duda a los segovianos que las gestionaremos de la mejor manera posible a favor de los intereses del municipio”. Así se expresaba la alcaldesa Clara Luquero, sobre los últimos reveses que ha sufrido la corporación, entre ellos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que da por rescindido el contrato del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla por causas achacables a los responsables municipales.
Luquero informó de que los asesores jurídicos del consistorio están estudiando las repercusiones de esa sentencia de apelación que confirma una anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Entre otras posibilidades, adelantó, como ya informó El Adelantado ayer lunes, que se sopesa la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que la regidora, aunque dijo respetar el fallo del tribunal, considera que en este caso se puede vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva.
Explicó que, a juicio de los abogados, la sentencia “da por ciertos hechos que no se han probado” e hizo referencia al mantenimiento de un aparcamiento gratuito en la campa del antiguo regimiento. Según la alcaldesa, “no se puede achacar al Ayuntamiento una actuación contraria a los intereses de la concesionaria del parking de José Zorrilla porque cuando se adjudicó el contrato en el año 2002 ya estaba abierto ese espacio degradado que los segovianos han venido utilizando para aparcar sus coches”. Sostuvo que “en ningún caso se hacía alusión a ello ni en cláusulas ni en nada”.
Por el contrario, en primera instancia el fallo del magistrado de lo contencioso, que ahora ha confirmado el TSJ, recoge un artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas en el que se basó la concesión donde se señala que el Ayuntamiento debe ejercer una actividad de vigilancia para garantizar que la utilización de los espacios habilitados para estacionamiento de vehículos en las áreas de influencia del parking se realiza de forma que no se produzcan incidencias negativas en su funcionamiento.
La alcaldesa entiende, sin embargo, que con el aparcamiento del regimiento “se trataba de una condición preexistente, no una circunstancia añadida”.
Liquidación millonaria Por otro lado, hasta que los asesores jurídicos no emitan su informe, Luquero no se atrevió a asegurar si la liquidación del contrato con la empresa concesionaria del parking, la UTE formada por Pigsur y Collosa, se iniciará o quedará en suspenso hasta que se produzca un nuevo fallo en los tribunales. Sí aclaró que en su momento fuentes de la empresa “hablaron de 20 millones de euros, pero después se ha dicho que 10, según parece, e imagino que dentro de poco serán 5 millones”.
Desde la concesionaria han declinado hacer declaraciones en este momento del procedimiento, pero el pasado mes de mayo indicaron que, a parte del valor neto contable de la concesión, que los denunciantes calculan en 5,7 millones de euros, junto al lucro cesante, la cantidad final puede suponer el doble o más si se demora en el tiempo.
A la pregunta de si el Ayuntamiento podrá hacer frente a esas cantidades millonarias, teniendo en cuenta que en los últimos meses ha sufrido otros reveses económicos, tanto en los tribunales como por la devolución de un préstamo y una subvención también millonarios al Ministerio de Industria por no desarrollar un proyecto en el CAT, la alcaldesa reconoció que si fuera necesario se podría solicitar un crédito, ya que el nivel de endeudamiento del consistorio está “muy por debajo del límite legal”.
Sin justificar En cuanto a las reiteradas solicitudes de la concesionaria del aparcamiento al Ayuntamiento para buscar el reequilibrio económico, señaló que “es verdad que lo hizo pero nunca ha justificado esos aspectos económicos y los técnicos municipales, y no hablo de uno ni dos sino de todos los implicados, no van a firmar nunca un informe favorable a abonar cantidad alguna si no está debidamente documentado”.
