La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid Olga Ogando defiende la «conciliación» de las políticas de austeridad y de crecimiento porque las primeras solas no contribuyen a salir de la crisis, y además considera que es necesario realizar en Castilla y León «reformas estructurales de calado a corto plazo que impliquen a todos los niveles de las administraciones» para hacer sostenibles los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) porque ahora hay «una brecha importante entre lo que se gasta y lo que se ingresa».
Estas fueron algunas de las reflexiones planteadas por Ogando la semana pasada en su intervención dentro del primer foro de trabajo sobre el Futuro de los Servicios Públicos en Castilla y León, incluido en el programa ‘Las comunidades autónomas en el siglo XXI’ del Grupo de Expertos. El informe sobre los problemas y retos del Estado del Bienestar en las Comunidades hace un diagnóstico desde el punto de vista económico de la situación de los servicios públicos.
La experta asegura que «tanto énfasis en la austeridad no va a ayudar a la consolidación fiscal ni al crecimiento», por lo que apuesta por combinar las políticas de ahorro por las de estímulo económico, aunque deja abierta la respuesta sobre «cómo hacerlo en un país tan endeudado como España y quién debe hacerlo: la Unión Europea, el Estado o las comunidades».
Ogando explica que el peso del sector público en España, medido en el gasto público en relación al PIB, era del 43,6 por ciento en 2011 según Eurostat, un porcentaje por debajo de la media de la UE y que como consecuencia de la crisis se ha incrementado porque ha bajado el PIB y por la subida de las prestaciones por desempleo. Lo mismo pasa en Castilla y León.
Respecto a los ingresos, señala que los de España son equiparables a los existentes Bulgaria o Rumanía, lo que achaca a la economía sumergida y al fraude fiscal.
Y, en cuanto a los gastos en servicios esenciales, explica que están por debajo de la media europea. Así, a Sanidad se destinó en 2010 el 6,5 por ciento del PIB nacional frente al 7,5 europeo, sin embargo el sistema sanitario español es «de los mejores de la OCDE, con resultados muy positivos». Educación recibió el 4,9 por ciento, por debajo de la media, aunque en este caso los logros no alcanzan lo esperado. Por último, el 6,9 por ciento del PIB se dedicaba a Servicios Sociales, también menos que la UE.
Gastos de las autonomías. En cuanto al gasto autonómico en los servicios públicos, la catedrática de Economía Aplicada destaca que, pese a la crisis, la Educación mantuvo un peso similar entre 2002 y 2010, mientras que en Sanidad y Servicios Sociales se incrementó. En el caso de Castilla y León, resalta que su gasto sanitario y educativo es mayor que la media española, al igual que el de Galicia, Asturias y Aragón, debido a la dispersión de su población y a sus altas tasas de envejecimiento.
Ogando incide en que el gasto sanitario ha crecido siempre por encima del PIB, con un «punto de inflexión» en 2009 tras iniciar las políticas de ajuste, pero su sostenibilidad no es un problema coyuntural sino que «va más allá de la crisis y es estructural», y seguirá agravándo por el envejecimiento.
Asimismo, el continuo crecimiento del gasto sanitario se produce por factores como la evolución de la tecnología, los hábitos de salud, las mayores expectativas de una población con más renta, el incremento de las retribuciones y la «poca eficacia» del modelo.
Al respecto, Ogando resalta que algunos estudios concluyen que «los mejores resultados van asociados a mejores prácticas gestoras» y apuesta por «introducir competencias por comparación, que una parte de la financiación de hospitales y profesionales vaya vinculada a los objetivos».
Respecto a la descentralización de competencias, la catedrática cree que tiene «ventajas» porque «las necesidades de salud no son homogéneas» en toda España, por lo que las autonomías «pueden adaptarse a sus características». No obstante, también hay inconvenientes como las duplicidades, por lo que el Estado debe «asumir responsabilidades de cohesión» del sistema de salud, así como «incentivar» a las comunidades para que controlen el gasto sanitario».
«Se requieren medidas estructurales a largo plazo y cambios organizativos que permitan seguir al sistema sanitario universal. Para ello hay que involucrar a los médicos y mejorar la gestión clínica».
En cuanto al gasto educativo, Ogando destaca que los recortes han afectado a todos los niveles educativos y autonomías. Castilla y León es de las regiones con mejores resultados en el Informe Pisa, aunque apostilla que España está «muy por debajo de la media de la OCDE», y destaca las altas tasas de abandono escolar temprano.
El gasto en protección social «no ha dejado de crecer» en Castilla y León, pero remarca que «la mejor política es generar empleo».
