El modelo de teletrabajo del que disfrutan los empleados públicos de la Junta de Castilla y León desde 2011 ha sido la referencia que ha tomado el Gobierno de Baleares para su implantación en la comunidad insular. Así se ha puesto de manifiesto durante el encuentro que mantuvieron ayer en Palma de Mallorca la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y la consejera de Administraciones Públicas balear, Nuria Riera, que coincidieron en destacar la importancia de esta herramienta para modernizar la Administración y conciliar la vida laboral y familiar.
Los beneficios contrastados del trabajo desde casa, que se extienden a la propia organización, al empleado público y a la sociedad en general, animaron a la Junta a impulsarlo hace cuatro años, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. Así lo indicó la consejera de Hacienda en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia del Gobierno de Baleares, en el transcurso de un acto público en el que presentó la experiencia castellana y leonesa como un modelo pionero y de éxito –Castilla y León es la única autonomía que lo tiene implantado en su totalidad- que ha suscitado el interés de otras comunidades.
Pilar del Olmo destacó que el teletrabajo es una forma distinta y más moderna de entender la Administración, que para el Ejecutivo conlleva ventajas indudables como la mejora de la eficiencia y la productividad y el ahorro de costes. Esto se explica por el hecho de que el empleado público tiene objetivos cuantificables y evaluables que cumplir; y porque asume gastos asociados a su labor como el importe de la conexión a Internet, la electricidad o el teléfono. Con todo, para el trabajador se trata de una fórmula muy beneficiosa, puesto que le permite compatibilizar de manera más óptima sus tareas profesionales con su vida personal y familiar.
La implantación del teletrabajo en Castilla y León era una medida incluida en el Plan Estratégico de Modernización de la Administración, que además suponía cumplir un compromiso adquirido con las organizaciones sociales. El primer paso se dio en noviembre del año 2009, con la aprobación de la Orden 2154/2009, que dio cobertura legal a un programa piloto de seis meses de duración. Se desarrolló entre febrero y agosto de 2010 con la participación de 99 empleados, que fueron unánimes en calificarlo como positivo. Sus superiores también hicieron una buena valoración, hasta el punto de que el 88% se mostró satisfecho con la iniciativa. Estos resultados animaron a la Junta a generalizar el procedimiento, y así el 17 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 9/2011, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo.
