La Lanzadera Financiera de Castilla y León comenzó ayer su andadura como nuevo instrumento para facilitar el acceso a la financiación de “todos” los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad tanto por las empresas ya existentes como por nuevos emprendedores. Así, existe una especial consideración para las iniciativas relacionadas con la agroalimentación y el turismo, por su relevancia estratégica para la economía de la Comunidad.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, detalló que la previsión inicial, “rigurosa y prudente”, —como reafirmó después la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo—, es movilizar un total de 3.559 millones de euros de inversión hasta finales de 2019. De ese total, 1.773 millones de euros serán apoyos públicos, unas cantidades que se podrían incrementar si existe más demanda de crédito y “si más gente se anima a invertir en Castilla y León”.
En concreto, la Junta computó 830 millones de euros a través de los avales de los sistemas de garantía recíproca y los 500 millones de euros que negocia en estos momentos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Así, se traducirán en 1.000 millones ya que la institución europea financia el 50 por ciento con el compromiso de las entidades financieras de hacerse cargo del otro 50 por ciento.
En esa misma línea, la estimación inicial de la Junta contempla además 28 millones de euros en capital riesgo a través de Sodical y 118,7 millones de programas operativos de fondos europeos. Además, prevé otros 166,80 millones de inversiones de la ADE y otros 130 millones a través de un instrumento de financiación que negocia en estos momentos la Consejería de Agricultura con el Ministerio del ramo. Estos apoyos se complementarán con los recursos aún no contabilizados que podrían llegar a través del Plan Juncker y de la Iniciativa Pyme con el asesoramiento también de la ADE.
Por eso, el objetivo de este “novedoso” instrumento promovido por la Junta —con la implicación de los trece bancos y cooperativas de crédito integrados en el Consejo Financiero de Castilla y León— es combinar los recursos financieros públicos y privados para dar “el máximo apoyo” al tejido productivo de la Comunidad, buscar “soluciones personalizadas” y evitar así que cualquier proyecto que pueda ser viable se quede en el cajón por falta de financiación.
Por este motivo, Herrera destacó al respecto la “gran importancia” del acuerdo suscrito ayer con el sector financiero asentado en Castilla y León en lo que definió como “un marco de encuentro basado en el sincero interés de las entidades por participar y contribuir más activamente al desarrollo económico y social” de la Comunidad. Asimismo, animó a, desde la “proactividad”, colaborar “estrechamente” con la Junta para consolidar el escenario de recuperación económica en la Comunidad y traducirlo en más empleo y de mejor calidad.
Para ello, los responsables de la ADE se encargarán de recoger todos los proyectos que pretendan generar riqueza en la Comunidad y busquen recursos para su desarrollo tanto para inversiones como circulante. Unas propuestas que serán estudiadas y analizadas por parte del Gobierno regional, que propondrá la correspondiente fórmula de apoyo público entre una cartera inicial y ampliable de 45 productos en función de las necesidades concretas.
De esta forma, el catálogo incluye préstamos, subvenciones, garantías y capital riesgo. Por este motivo, los apoyos al tejido productivo se diversificarán en función de objetivos como el fomento del crecimiento empresarial, la reindustrialización, el emprendimiento, la innovación o la internacionalización. Además, está previsto que se proceda a habilitar líneas de ayudas globales y específicas dirigidas a sectores que aportan valor añadido y aumenten la competitividad de la economía. Asimismo, se subvencionarán aquellas iniciativas que impulsen la actividad en el medio rural y contribuyen a fijar población.
Una vez que se finalice el análisis de todas las propuestas presentadas y los posibles apoyos públicos que puedan recibir, la ADE trasladará los proyectos a las 13 entidades. Este proceso se llevará a cabo a través de una plataforma informática con el compromiso del sector financiero de realizar una oferta en el plazo de 15 días. Así, entre todas las propuestas, ADE propondrá a la empresa o emprendedor la más viable, cuyas condiciones dará a conocer al resto de las entidades ofertantes.
Finalmente, también existe la posibilidad de que sean las propias entidades financieras las que, ante un proyecto empresarial al que le falte alguna condición de financiación, cuelgue esa propuesta en la plataforma para que la ADE determine y “atine” en el apoyo público necesario para sacar adelante ese negocio. En ese sentido, la propuesta se trasladará de forma prioritaria a la entidad de origen en un plazo de quince días. Algunos requerirán informes de las consejerías competentes que tendrán un plazo de siete días para pronunciarse.
