Una docena de países de la cuenca del Pacífico, incluyendo a EEUU, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, culminaron cinco años de negociaciones con un acuerdo para sellar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que reducirá las barreras comerciales y fijará estándares comunes para la región.
El acuerdo, que afectará aproximadamente a un 40% de la economía mundial, deberá aún superar un largo proceso hasta su aprobación definitiva, incluyendo la ratificación del texto por parte del Congreso de EEUU y las autoridades del resto de países firmantes.
“Esta asociación nivela el campo de juego para nuestros granjeros y fabricantes eliminando más de 18.000 impuestos con los que diversos países gravan nuestros productos”, destacó tras cerrarse el acuerdo el presidente estadounidense, Barack Obama, quien subrayó que el pacto fortalece la relación estratégica de EEUU con sus socios en la región.
“Cuánto más vendamos fuera, más trabajos altamente remunerados sostendremos en casa y esos empleos tienden a pagar mejor a los estadounidenses, puesto que las empresas exportadores pagan un 18% más que las que no lo hacen”, añadieron las autoridades estadounidenses al referirse el tratado de libre comercio.
“Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global”, concluyó Obama. Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró que el acuerdo representa “un gran resultado, no sólo para Japón, sino para el futuro de Asia Pacífico”.
El acuerdo consta de 30 capítulos que cubren diversos asuntos como el intercambio de bienes y servicios, los procedimientos aduaneros, así como medidas fitosanitarias y sanitarias, barreras técnicas de entrada o comercio electrónico.
Uno de los aspectos más controvertidos en la ronda final de las negociaciones desarrolladas en Atlanta desde el pasado miércoles era el de la vigencia de las patentes para la protección de la explotación de medicamentos biotecnológicos de última generación, ya que EEUU buscaba un período de 12 años de protección y otros gobiernos, como Australia o Nueva Zelanda demandaban un período de 5 años.
