La mayoría de edad será el límite mínimo exigido para el acceso al consumo de alcohol. Así lo detalló ayer el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, que anunció que el Ejecutivo está preparando una norma para unificar ese criterio, ya que en algunas comunidades autónomas se permite la venta de bebidas a mayores de 16 años, mientras en otras está estipulado que el comprador tenga, al menos, 18 años.
Así, según aseguró ante el Senado, España actualmente carece de una ley que homogeneice el acceso a las «drogas legales», salvo el tabaco, por lo que el Gabinete se ha centrado en fijar la edad «donde la mayoría de las regiones la han situado», a los 18.
«Hay una insistente preocupación social» por el consumo de alcohol en jóvenes, reconoció Babín, ya que actualmente es, junto con los cigarrillos, la sustancia más consumida por la población general y por los estudiantes. Asimismo, ambas son las que presentan la edad media de inicio más baja.
Esto se debe, en el caso de la bebida, a que se trata de la droga legal «más fácil de conseguir y la considerada de menor riesgo para la salud». De hecho, aseguró, está «omnipresente en el policonsumo y está presente en más del 90 por ciento de los casos, y en adolescentes y jóvenes, de consumo concentrado en fines de semana y vinculado al ocio».
Por ello, con esta iniciativa legal, que tendrá rango de norma básica, se obligará a todas las autonomías a fijar la misma edad de inicio y, asimismo, también definirá los distintos ámbitos de intervención donde es más natural hacer la prevención, y cuáles son los criterios que deben cumplir los programas de precaución para poder ser más eficientes y recibir fondos del Estado de cara a financiar estas actividades.
«No se trata tanto de legislar desde el Estado lo que tienen que hacer las comunidades y los ayuntamientos, pero sí significar las circunstancias en las que el consumo de alcohol perjudica la salud y el desarrollo de los jóvenes, que son los adultos del mañana», aseguró Babín.
De hecho, reconoció que en la edad de inicio fijada, los 18 años, el cerebro «está todavía madurando» y «no es hasta los 24 años cuando el perjuicio que pueden causar determinadas sustancias está demostrado y es fehaciente», negando no obstante que «vayan a llegar a niveles de protección tan excesivos».
El objetivo de Babín es que se pueda alcanzar un consenso con todas las regiones en ésta y otras materias, y, aunque reconoce que su desarrollo no será «un procedimiento largo», no quiso fijar un plazo para la aprobación de dicha norma, porque «si se plantean horizontes temporales se vulneraría el consenso».
Ante este respecto, el senador del Grupo Popular reconoció que el alcohol es un problema que «afecta a millones de jóvenes que parece que no tienen otra forma de divertirse que beber por beber, mientras que la socialista María Isabel Flores admitió tener sus dudas sobre dicha norma porque, «al prohibir, lo que se provoca el efecto contrario».
