Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad reducir la carga burocrática en los centros docentes de la Comunidad a partir del próximo curso escolar porque, según el Grupo Popular, autor de la proposición no de ley, los profesores están “hastiados” por esa carga de trabajo impuesta.
La procuradora popular Carmen Sánchez Bellota rompió una lanza a favor de la labor de todo el personal docente ante la carga burocrática “sin precedentes” que tienen que atender en sus centros educativos desde la implantación de la LOMLOE, “una ley que tiene en contra a toda la comunidad educativa”.
Así, se refirió a la obligación de reelaboración de “extensos” documentos institucionales, que deben recoger aspectos administrativos, organizativos, funcionales, pedagógicos, metodológicos o del desarrollo de proyectos o programas transversales. “El docente está hastiado del trabajo burocrático”, aseveró.
Sánchez Bellota rechazó “un sinfín” de nuevos términos educativos “sin ningún tipo de fundamento” en la investigación educativa como los saberes básicos, los perfiles de salida, los descriptores operativos o las situaciones de aprendizaje que “han venido a complicar la tarea docente”.
Para la procuradora de Vox Ana Hernando, la propuesta es “muy acertada” ante el aumento y evaluación de nuevos documentos que tienen que analizar los docentes, a la vez que defendió que no se cargue al personal con un trabajo “tedioso e irrelevante”. “En el trabajo de los docentes debe primar la docencia que se pone en tela de juicio con tanta burocracia”, aseveró.
Francisco Igea (Ciudadanos) anunció el voto a favor de esta propuesta para simplificar trámites y “no complicar el trabajo”, pero afirmó no tener claro si van a derogar o no la LOMLOE y si la tienen pactada con Vox en un próximo Gobierno.
Reconocimiento del profesorado, expresó el socialista Fernando Pablos, que afirmó que no van a consentir que Vox diga que “se adoctrina” en las aulas, a la vez que avanzó el voto a favor y aseguró que la ley corrige lagunas y se aplica con normalidad. “Escandalizan los bulos que la derecha y extrema derecha lanzaron”, lamentó, para enumerar que dijeron que se eliminarían centros especiales y concertados.
Pablos manifestó que en 2021 se aprobó una PNL del Grupo Socialista en el Congreso que estimó válida para Castilla y León, como impulsar los medios tecnológicos en todos los centros para realizar las labores burocráticas, simplificar la documentación para no duplicarla o ajustar los horarios, entre otras medidas. “Aplíquenlo en Castilla y León”, concluyó.
En el cierre del debate, la procuradora del PP insistió en que la ley impone un modelo educativo único y desprecia la labor de los padres, lo que afirmó que es diferente a la posición educativa de la Junta de Castilla y León. “No repercute en una mayor calidad educativa rellenar documentos”, terminó.
