La Audiencia provincial de León acogió ayer martes una vista sobre las cuestiones previas relativa al crimen de Isabel Carrasco en la que José Ramón García, el abogado de la defensa de las dos principales imputadas — Montserrat González y su hija Triana Martínez— solicitó que se incluyeran en el procedimiento pruebas testificales que consideraba eran “pertinentes y necesarias” para los intereses de sus patrocinadas y para “sus intereses de defensa”.
Unas pruebas que, en opinión del letrado, eran “pertinentes porque podrían afectar a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal” de las dos imputadas. Entre las pruebas que la defensa pretendía incluir en el procedimiento judicial figuraban distintas cuestiones que pretenden demostrar, según manifestó García durante la vista, que Isabel Carrasco “le estaba causando un mal innecesario” a Triana y “le estaba persiguiendo por tierra, mar y aire”.
Unas alegaciones, agregró el letrado, en las que se documentaba el supuesto acoso de la que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP provincial a Triana Martínez en el ámbito laboral como técnica en la Institución provincial y también como afiliada popular en el Ayuntamiento de Astorga al impedirle acceder a un acta de concejal.
“Son soportes informáticos que recogen toda esta persecución contra Triana que llegó a perder 25 kilos de peso y que padeció también su madre”, insistió el abogado de la defensa. Por otro lado, José Ramón García también solicitó durante la vista que se considerasen “nulas” las primeras declaraciones de Montserrat y Triana ante los agentes de Policía de Burgos, en las que confesaron por primera vez el crimen porque, en su opinión, ambas fueron “víctimas de un engaño” y se trataba de “declaraciones inducidas”.
Por su parte, tanto la Fiscalía como las tres acusaciones particulares que participan en el proceso rechazaron que se incluyeran en el procedimiento diligencias “que no son nuevas y ya fueron rechazas” y se expulsaran pruebas testificales relativas a la confesión de las dos principales imputadas que eran “esenciales”. El fiscal añadió que se trataba de una petición “curiosa y sorprendente” por parte de la defensa y que las nuevas pruebas que se pretendían incluir en el procedimiento eran tan “innecesarias” como inútiles.
