El alcalde, Pedro Arahuetes, ha firmado ya el decreto para la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios del Ayuntamiento de Segovia, de 35 horas a 37 horas y media. Y lo ha hecho “para cumplir la Ley” —el Real Decreto 20/2011—, por consejo de la asesoría jurídica de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque en contra de su criterio, como así lo ha hecho constar en el propio decreto, que, en teoría, comenzará, a aplicarse el 1 de febrero.
Sin embargo, como ya avanzó EL ADELANTADO, la nueva jornada laboral no tiene visos de aplicarse en esa fecha; dado que los sindicatos, como ya han anunciado, recurrirán la orden del alcalde, que ayer admitió que “si se recurre el decreto, suspenderé su ejecución hasta que un juez —el juzgado de lo contencioso— se pronuncie sobre su legalidad”.
En todo caso, Arahuetes dejó entrever en varias ocasiones que no tenía más remedio que cumplir la ley y que solo un tribunal podría impedir la ampliación de la jornada para los funcionarios municipales —unos 500 en el Ayuntamiento de Segovia—; o bien que el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) rectifique y que el Real Decreto-Ley 20/2011 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy no se aplique a las corporaciones locales. En este sentido se dirige la moción que los socialistas plantearán en el próximo pleno, como que ya avanzó este diario. El PSOE pretende que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España para que excluya de la ampliación para los trabajadores del sector público a los empleados de la administración local.
Con independencia de que esta moción sea aprobada, la junta de personal —que integran UGT, CC.OO, CSI-CSIF, AITAS, SPPME y APILS— presentarán un recurso contra el decreto. Alcaldía rechazará el recurso y los sindicatos presentarán entonces un recurso para anular el decreto ante el Juzgado de lo Contencioso; un proceso judicial que paralizará la aplicación del decreto.
Arahuetes aseguró ayer que en el decreto “hago una valoración personal para explicar el porqué considero que no debo dictar ese decreto”. En su opinión, la autonomía de los ayuntamientos en materia de personal debe prevalecer. “Somos conscientes de su trabajo, turnos y horas de los funcionarios municipales y el Gobierno de España no tiene que venir a decirnos cómo organizar nuestro personal”, dijo Arahuetes, quién a continuación señaló que, pese a ello, “yo cumplo la Ley, es mi obligación (…) no tengo interés en aplicarle, mi interés radica únicamente en cumplir la ley”.
El alcalde confirmó que, con independencia de todo el litigio, el Gobierno municipal ha intentado consensuar con los sindicatos la forma de aplicar la ampliación de la jornada. Los funcionarios deberían acudir a su puesto de trabajo una tarde —de lunes a viernes— o el sábado por la mañana.
No obstante, si por diferentes causas se retrasa la aplicación de la ampliación de jornada “y por ejemplo, no se se ejecuta hasta dentro de cinco o seis meses, [para cumplir con el cómputo anual de horas] quizá en lugar de una serán dos tardes” las que deben trabajar los funcionarios.
