El proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, eleva la inversión pública en cuatro millones al año para llegar a los 20 en cinco años y superar el conocido como 1,5 por ciento cultural, mantiene el máximo nivel de protección para los Bienes de Interés Cultural, crea dos nuevas figuras, los conjuntos industriales y paisajes culturales, y fija sanciones de hasta 600.000 euros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, detalló las novedades de la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 2002. Valoró que fuese elaborado por los técnicos de la Consejería y no por una consultora, por lo que expresó su “satisfacción” y aseguró que las medidas de protección y el capítulo de sanciones se acentúan.
“Es una ley radicalmente novedosa”, resumió el consejero, que explicó que el patrimonio como legado está superado y pasa a ser un recurso social, cultural y económico, a la vez que indicó que el conocido como 1 por ciento cultural tiene el inconveniente de que no es una cantidad fija y se ha buscado un sistema alternativo que consideró mejor porque aporta más recursos.
Santonja explicó que, tras el análisis de lo que supone el 1,5 por ciento cultural que no llega a los dos millones, se ha buscado la alternativa para incrementar a cuatro millones de euros al año, que serán 20 millones en cinco, lo que “será más estable”. Como ejemplo, manifestó que más del 70 por ciento de los bienes de Hispania Nostra habrán salido de la lista con esa mayor inversión. Además, destacó que se ha realizado una revisión del régimen de infracciones y sanciones para lo que se ha tenido en cuenta el concepto integral del patrimonio cultural, si bien precisó que se fijan 10.000 euros en casos leves, 200.000 en graves y hasta los 600.000 en las catalogadas como muy graves. En la norma actual, las sanciones van de 60.000 a 150.000 euros. El consejero manifestó que las sanciones muy graves son de su competencia y aseguró que no será “benévolo”, cuando le toque decidir.
En el apartado de nuevas figuras, que se completa con la protección de conjuntos industriales y paisajes culturales, reseñó unas zonas de amortiguamiento, adyacente o no, para la protección adicional de sus valores, de acuerdo con el modelo internacional emanado de la UNESCO. En ellas, advirtió de que se limitará la creación, por ejemplo, de parques eólicos, entre otras actividades económicas.
Otra de las novedades de la ley, como indicó el consejero, es la creación del Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos.
Caminos a Santiago
Además, la importancia de los Caminos a Santiago por Castilla y León determina la creación por Ley de una fórmula de gestión propia, el Sistema de Patrimonio Cultural de los Caminos a Santiago en el territorio de la Comunidad, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela.
La Ley incluye un capítulo dedicado a los agentes sociales y gestores de los bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que se regula la competencia de la Junta de Castilla y León y se detalla el papel que tiene la Comunidad en este reconocimiento.
Otra novedad ha sido clarificar los deberes que ciudadanos y administraciones tienen en relación con los bienes patrimoniales. Así, se han recogido en artículos concretos de la Ley las obligaciones que la norma anterior recogía de forma dispersa a lo largo de su articulado.
