El Gobierno ha desempolvado ahora, en tiempos de torrijas pascuales y de precampañas electorales la llamada Ley de la Vivienda, catorce meses después de que el Consejo de Ministros enviara al Congreso el anteproyecto de ley que sacará adelante seguramente merced a un puntual e interesado acuerdo con ERC y BILDU (a cambio de ciertos y desconocidos réditos que Sánchez se ha cuidado muy mucho de no desvelar). Y ha echado por delante a Oscar Matute (EH Bildu) y Pilar Vallugera (IRC) para que se cubran de gloria (o de otra cosa, no se) explicando los pormenores de semejante propuesta que, como es notorio, está siendo duramente cuestionada por organismos, asociaciones, colegios y particulares. Y lo que te rondaré morena. Mas, por si fuera poco, el presidente Sánchez acaba de ofrecer en el Congreso la futura construcción de otros 43.000 pisos, en este caso con fondos europeos. Casi nada.
Pues bien, aunque no se conocen exactamente los entresijos de la citada Ley, que serpentea entre la letra pequeña de la pieza legislada, destacan dos capítulos, sobre todo el texto. Que claman al cielo: por un lado la congelación o escasísimo incremento de los futuros alquileres de los pisos en ese régimen o los que se preveía que saldrían al mercado de la demanda próximamente. La fijación de ese tope del incremento de alquileres hay quien lo ha considerado una injerencia del Gobierno en la disposición de un bien privado por lo que se le considera inconstitucional; El otro capítulo es el que apenas si roza el gran calado que tiene y que goza actualmente de una permisividad envilecida y peligrosa precisamente por la inseguridad jurídica de que adolece el asunto, una situación que debería preocupar extremadamente al Gobierno, y a los jueces ,que deberían necesariamente garantizar la legalidad y legitimidad del bien. Me refiero a la ‘okupación’ por particulares o bandas desalmadas que cada dia están incrementándose de manera escandalosa.
¿Qué se conseguirá con el tope de los alquileres? (que si es que el Gobierno quiere contener la curva debería, al tiempo ,incentivar de alguna manera a los pequeños propietarios que, en definitiva lo que tratan (además de ganar un dinerillo con que quizá ayudar a pagar el piso) es contribuir en cierto modo a paliar la tremenda ausencia de construcción de viviendas de renta limitada o de protección oficial, de acuerdo con las obligaciones del Estado o las Comunidades. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias . (Articulo 47 de la Constitución). Ante semejante carga y control (que el Gobierno descarga hábilmente en las Comunidades Autónomas) lo que va a pasar es que seguramente habrá una espantada de pequeños propietarios que recojan velas, retiren del mercado sus pisos y descarguen sobre las espaldas del Gobierno coaligado de Sánchez la solución de las carencias como es su obligación.
Tambien resulta ser una ‘castaña pilonga’ el improvisado anuncio del presidente de sacar de la Sareb (Sociedad creada para dar salida a los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos rescatados derivados del hundimiento financiero de determinados promotores, nada menos que 50.000 viviendas para ponerlas en el mercado del alquiler a precios socialmente asequibles. Sin embargo –aunque la Sareb no llega a semejante disponibilidad, de lo que tiene ya que parece que tiene 15.000 en proyectos de construcción en diferentes Comunidades Autónomas; 14.000 pisos ya ocupados por familias vulnerables u ‘okupas’; otras 12.000 pendientes de finalización de obras ( tan graves algunas que habrá que derribarlas) o mejoras de habitabilidad por su mal estado. La mayor parte de las restantes 9.000 viviendas disponibles por la SAREB ni siquiera se encuentran en grandes núcleos urbanos sino en zonas deprimidas, desérticas o de difícil acceso. ¡qué cosas!
Por tanto una afirmación que se cae por su peso y que echa en saco roto lo que Sánchez afirmó un domingo de pascua.
Y el otro aspecto, ciertamente preocupante, es el de la ‘okupación’ desmesurada de viviendas particulares de las que, según la ley y la pasividad del Gobierno y la Justicia, pone en un riesgo constante el que muchos pequeños propietarios que han conseguido adquirir con los ahorros de toda su vida o con vergonzantes y abusivas hipotecas un pisito donde hacer su vida, asisten pasmados a una ‘okupación’ por sinvergüenzas a los que nadie se atreve a echar ,mediante un desahucio legal o tomarse la justicia por su mano o entregarse a mafias privadas que actúan movidas por el dinero exigido a los propietarios para un lanzamiento más operativo que el de la Justicia, que puede tardar años en reponer la propiedad usurpada. Pues con ser de justicia y de alteración de la paz social, la torrija de la nueva Ley de la Vivienda ni siquiera incide en la necesidad de legislar medidas rápidas y contundentes para reponer el equilibrio de la propiedad privada conculcada. Que algunas Comunidades y grupos avalen y admitan este tipo de agresiones a la paz social viene a ser de una disposición política que deja mucho que desear.
En definitiva que a la vista –por encima- de ese nuevo acto legislativo, que viene a ser la Ley estrella del Gobierno- predomina la obligación de construir por el Ministerio correspondiente de esa amalgama de partidos que conforman el Consejo de Ministros- debería prevalecer la obligación, extensiva a la competencia las CC.AA –que distraen- de promover la construcción necesaria y suficiente de viviendas de protección oficial y legislar –a pesar de ciertos grupos (incluso políticos) que están descaradamente a favor de la ‘okupación’, unas medidas de inmediato desalojo de viviendas privadas intolerablemente usurpadas. Ambas cosas sí podrían considerarse justicia social de un Gobierno de progreso.
