La actividad en los juzgados de lo Social en Castilla y León continúa creciendo y el pasado año se resolvieron 18.919 reclamaciones, un 2,6 por ciento más que en 2021 y la cifra más alta desde 2015, cuando se contabilizaron 20.370, frente a una caída del 6,6 por ciento en el conjunto de España, que sumó 373.374 asuntos.
Las cifras que proporciona el Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidas por Ical, indican que estos tribunales recibieron a lo largo de 2022 un total de 104 conflictos colectivos, lo que supone un 5,7 por ciento más sobre los 98 de 2021, así como 4.339 despidos, tres menos, mientras que los conflictos relacionados con la Seguridad Social subieron un 11,7 por ciento, hasta los 6.178. Por su parte, las reclamaciones derivadas de los contrato de trabajo sumaron 8.298, lo que representa una bajada del 1,6 por ciento respecto a 2021 (8.432).
De los 4.339 asuntos ingresados por despidos, más del 79 por ciento (3.439) se resolvieron con sentencia favorable o por conciliación, un 5,6 por ciento más que el pasado año. Así, 2.129 trabajadores resolvieron sus problemas en conciliación, y 1.310 lograron una sentencia favorable. Las indemnizaciones pactadas en los juzgados en estos procesos sumaron algo más de 31 millones de euros, un 43,8 por ciento más que en 2021, mientras que la cuantía media por trabajador ascendió a 9.021,5 euros, lo que representa una subida del 11,7 por ciento.
En el caso de las sentencias judiciales, la indemnización media fue de 10.717,5 euros, cuando la media nacional fue de 11.444,6 euros, mientras que en los despidos resueltos por conciliación alcanzó los 7.977 euros, frente a los 7.854,7 euros de la media del conjunto autonómico.
Por otra parte, de 8.298 las reclamaciones derivadas de los contratos de trabajo, 4.243 fueron favorables para el trabajador, 2.594 por sentencia, con una cuantía media de 2.351,8 euros, y 1.649 por conciliación, con una indemnización media de 3.329,2 euros.
Aunque la jurisdicción de lo Social es la que mejor tasa de resolución presenta en la Comunidad, también es la peor tasa de congestión tiene, con un 1,74, frente al 1,47 del conjunto de los tribunales de Castilla y León.
Provincias
Por provincias, Valladolid se situó en cabeza con 4.382 asuntos resueltos, por delante de León (4.604), Burgos (3.332) y Salamanca (1.857). En el extremo opuesto se situó Soria, con 506, seguida de Ávila (664), Palencia (1.064), Segovia (1.226) y Zamora (1.284).
Mientras tanto por comunidades autónomas, Madrid se situó en cabeza con 61.296 asuntos resueltos. Por delante de Castilla y León también figuran Andalucía, con 61.066, Cataluña (57.207), Valencia (32.778), Galicia (28.428), Canarias (26.577) y País Vasco (20.325).
A nivel nacional, de los 373.374 asuntos, el 42,5 por ciento (168.700) se resolvieron por sentencia. El 28,5 por ciento (106.286) por sentencia favorable total o en parte, mientras que el 23,1 por ciento (86.216) por conciliación.
Del total de asuntos resueltos, 267.097 (71,5 por ciento) correspondieron a conflictos individuales. De estos, 115.085 (43,1 por ciento) se referían a despidos y 152.012 (56,9 por ciento) a reclamaciones derivadas del contrato de trabajo), 2.389 (0,6 por ciento) a conflictos colectivos y 103.888 (27,8 por ciento) a conflictos relacionados con temas de la Seguridad Social. En los conflictos individuales en materia de despidos, el número total de trabajadores afectados fue de 126.188. De los cuales, 30.408 procedentes de despidos resueltos por sentencia favorable al trabajador (total y en parte) y 53.343 resueltos por conciliación.
Comienza la huelga indefinida de los funcionarios del Ministerio de Justicia
Exigen el reconocimiento de sus funciones y trabajo, una subida salarial “digna” en la línea con la aprobada para el colectivo de letrados
Más de 2.800 trabajadores de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia de Castilla y León están llamados a participar, desde este lunes 17, en una huelga indefinida con paros parciales de 10 a 13 horas, convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO Y UGT, para exigir el reconocimiento legal y retributivo de las funciones que realizan en el día a día de los juzgados, así como una subida salarial “digna”, en la línea con la aprobada para el colectivo de letrados.
También reclaman la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), “que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, y que se refieren a destinos, movilidad funcional o geográfica, y puede acarrear en el futuro amortizaciones encubiertas de plantillas”.
Junto a esta huelga indefinida con paros parciales, está convocada una jornada de huelga total el próximo día 19, día en el que también está prevista una multitudinaria manifestación en Madrid, a la que están llamados los 45.000 funcionarios de Justicia de toda España.
Los sindicatos convocantes del paro lamentan que el Ministerio desprecie y no reconozca la profesionalización, especialización y responsabilidad del trabajo de la totalidad de los cuerpos generales, especiales y médicos forenses, ni tampoco las funciones que en la práctica realizan. Además, aseguran que la Administración de Justicia se sustenta “sobre una mentira”, una supuesta distribución de funciones -casi 600 se adjudican los letrados-, que en la práctica se reparten, se delegan y las realiza un personal que no cobra por realizarlas.
Los sindicatos recuerdan que el colapso provocado por la huelga del Cuerpo de Letrados (LAJ) se ha alcanzado por la permisividad y pasividad del Ministerio, ante comportamientos cuestionables de ese colectivo, que ha prohibido trabajar en borrador a las plantillas de cuyos órganos son directores procesales. Se han suspendido juicios por la ausencia de los letrados en huelga, cuando estos -con anterioridad- nunca han asistido a los juicios, señalan los sindicatos.
Desde CSIF se reclama al Gobierno una aclaración y redistribución de las funciones y competencias que se llevan a cabo a diario en los juzgados, junto a una oferta de subida salarial que las retribuya al conjunto de los funcionarios de Justicia, y no sólo a unos pocos. Además, asegura que es el momento de que el Ministerio “valore el trabajo de sus funcionarios en la administración de Justicia”. Ironiza con que, si solo los letrados realizan esas 600 funciones que dicen que desempeñan, sean ellos quienes, una vez finalizada la huelga, las lleven a cabo y normalicen la situación que ellos han provocado”.
A su vez, este sindicato reprocha al Ministerio de Justicia una dureza contra la huelga de los cuerpos generales que no tuvo con la de los letrados, que se evidencia en el “doble rasero” empleado en cuanto a los servicios mínimos que se pretende aplicar ahora. Mientras en esta huelga de funcionarios, el Ministerio ha suspendido todas las peticiones de vacaciones y permisos solicitadas previamente, sin mayor explicación y sin atender a las causas que los motivaron, a los LAJ se les permitió disfrutar de moscosos y vacaciones discrecionalmente entre el 24 y el 31 de enero.
El Ministerio también ha suspendido el teletrabajo, denuncia CSIF, “un derecho reconocido por el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se suspende sin justificación alguna”.
El derecho de huelga, recuerda el presidente del sector Justicia de CSIF en Castilla y León, Juanjo Banciella, “no puede quedar supeditado a la forma de prestación laboral porque, entonces, se está coartando el derecho fundamental de un trabajador a la huelga, por el mero hecho de ejercer su derecho a prestar su trabajo fuera de la oficina”.
Aproximadamente, en Ávila hay 180 funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia, en Burgos 500, en León 600, en Palencia 220, en Salamanca 350, en Segovia 200, en Soria 120, en Valladolid 600 y en Zamora 200. En el total de España, el número de funcionarios son unos 45.000.
