Aunque a veces cueste bastante tiempo y esfuerzo, la verdad siempre termina saliendo a relucir. El eficaz trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado provocó ayer que los cuatro presuntos miembros de un comando legal de ETA detenidos el pasado martes en Vizcaya admitieran en sus declaraciones ante la Guardia Civil su participación en 16 atentados, incluidos los dos que costaron la vida al inspector de Policía Eduardo Puelles y al brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz.
Fuentes de la lucha antiterrorista se encargaron de confirmar este dato, y también señalaron que todas las acciones reconocidas por los arrestados fueron cometidas en los últimos años en el País Vasco o en territorios relativamente cercanos.
La lista incluye tres atentados con coches bomba en Burgos, Logroño y Santoña (Cantabria) -en el que murió Conde- y otros tantos ataques con bombas lapa en Bilbao -entre ellos el de Puelles-, así como seis explosivos que causaron solo daños materiales en juzgados, un edificio de la Seguridad Social, dependencias del INEM y varios repetidores.
Completa la enumeración, al menos por el momento, la colocación de cuatro artefactos de menor potencia en carreteras del País Vasco, Cantabria y Navarra en el mes de marzo de 2006, justamente en el día en el que Batasuna había convocado una huelga general en Euskadi.
Las investigaciones también hicieron posible descubrir que el comando que integraban Íñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxebarria Caballero, Daniel Pastor Alonso y Lorena López Díez recibía el nombre de Otazua en homenaje al terrorista de ETA Arkaitz Otazua, que acabó muerto en un enfrentamiento con la Ertzaintza en el Alto de Herrera (Álava) el 14 de septiembre de 2003.
Cabe recordar que los capturados ocultaban entre una bajera de Galdácano y el domicilio que ocupaban dos de ellos unos 200 kilos de explosivo, varios tipos de armas y material para la fabricación de bombas lapa.
El hecho de que la operación policial que llevó a su detención fue enormemente oportuna queda ilustrado con un dato revelado en la tarde de ayer. Los arrestados habían recopilado información sobre un juez, un agente de la Ertzaintza y diversas sedes del PSOE, entre otros objetivos para posibles atentados futuros.
La opinión de los agentes del orden que se incautaron de la documentación se basa en que bastantes de estos datos eran algo antiguos, y llevaban sin actualizarse algún tiempo.
No obstante, las fuentes indicaron que el comando se encontraba listo para actuar en cuanto lo ordenase la dirección de ETA.
En otro orden de cosas, uno de los asuntos sobre la banda terrorista que más polémica ha generado en los últimos meses es el supuesto chivatazo a los violentos acerca de una misión policial en su contra.
La novedad más reciente radica en que el juez Pablo Ruz, encargado de analizar el caso, ha citado para una declaración que tendrá lugar el próximo miércoles al equipo de agentes que grabó la cinta del bar Faisán de Irún cuando se produjo la filtración que alertó a ETA de una operación relacionada con su red de extorsión en mayo de 2006. Hay dos cortes en las imágenes que, en teoría, impiden ver material clave, por lo que el magistrado desea saber qué pasó.
