La Junta de Castilla y León reserva 35 millones de euros para la recuperación este año de la jornada semanal de 35 horas a partir del 1 de junio, excepto en el sector educativo, cuando el cambio llegará el 1 de septiembre. Además, vislumbra un “largo trecho” de negociación sobre las nuevas contrataciones, con la garantía de que no haya una “merma” en la calidad de la prestación de los servicios públicos.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, que aprobó el decreto ley de las 35 horas, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, comparecieron para explicar los asuntos tratados, entre ellos, la regulación que permitirá recuperar la jornada de 35 horas, después de once años, ya que se amplió en 2012 a 37,5 horas semanales.
Previamente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmó, junto a los sindicatos del sector público, el Decreto Ley de jornada laboral de 35 horas semanales para el personal al servicio de la Administración de Castilla y León. El acto se celebró en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico en Valladolid.
En su comparecencia, Jesús Julio Carnero explicó que con la aprobación del decreto ley, que se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), toma “carta de naturaleza” la nueva jornada, tras el incremento de 2012, en el que aseguró se refugió la administración durante años por la situación económica. Ahora, destacó se recupera la “normalidad” en el sector público. No obstante, se mantiene la posibilidad de exigir en los puestos de libre designación una jornada de duración superior.
El decreto ley establece la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad y mantiene la posibilidad de la jornada de dedicación especial de duración superior en los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación. Carnero señaló que con las 35 horas se está consiguiendo “conciliar mucho mejor” la vida familiar y laboral de los empleados públicos. De hecho, señaló que con carácter general se establece que será de 09 a 14 horas, pero se contempla otro variable.
Además, se procede también a efectuar la correspondiente regulación de la jornada y la adaptación del horario de las dependencias administrativas. Para ello, se modifica el Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regulaba la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario. También se regulan las necesarias particularidades de los sectores educativo y sanitario.
Esta norma se ajusta al acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CCOO) el 29 de octubre de 2015, en el que se pactó recuperar la jornada de 35 horas a partir del 1 de junio de 2019. desde que se anunció este año esta medida, Junta y organizaciones sindicales negociaron su despliegue, logrando un voto favorable unánime de las mismas -CSIF,UGT,CCOO y TISCyL-.
Finalmente, el consejero destacó que las 13.000 plazas del año pasado supusieron un avance “importante” en la consecución del objetivo llegar a reducir la temporalidad al ocho por ciento. También citó las mejoras retributivas en la aplicación de los fondos adicionales, el impulso de la carrera profesional y la regulación del teletrabajo y el acceso de las personas con discapacidad. “Estamos en un momento importante”, dijo.
