El proyecto planteado para la extracción minera de cuarzo en la zona ubicada entre Duruelo y Cerezo de Abajo continúa generando controversia. Como es sabido, se ha planteado un proyecto minero en este espacio abierto entre ambas localidades, pero que también afecta a los términos municipales de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerecezo de Arriba y Cerezo de Abajo. Como toda acción que afecta al medio ambiente y a sabiendas de los niveles de explotación a los que se somete al medio en muchas ocasiones, proyectos como este cuentan con varias corrientes de opinión, a favor y en contra.
Las primeros intereses en este proyecto comienzan en 2017 y teniendo en cuenta el pasado segoviano: en los años 80, la provincia fue un referente europeo en explotación de cuarzo metalúrgico. Concretamente en Castillejo de Mesleón se convirtieron en pioneros en esta extracción de más de 40 milímietros. Se extraían 1.000 toneladas diarias de este mineral y situaron a la provincia entre los primeros exportadores a nivel internacional. En España solo existen siete explotaciones de cuarzo metalúrgico activas, cinco repartidas por Galicia, Salamanca, Ávila y Toledo, donde ya opera la empresa Erimsa, solicitante para actuar en Segovia. El proyecto dará como resultado de la extracción gravas de cuarzo que se utilizarán para producir silicio, materia prima crítica para la transición ecológica y la digitalización. Esto es necesario para la producción de energía solar y eólica, baterías, ordenadores y teléfonos móviles entre otros.
El sentir popular
Así, los principales pueblos afectados ya están tomando cartas en este asunto, desde su publicación en el BOE a comienzos de marzo. El alcalde de la localidad de Duruelos, Fernando Pérez, relataba a este diario que el sentir de las poblaciones se inclina más hacia la negativa al proyecto que a aceptarlo. No obstante, recalca que hay un proceso que iniciar para tomar decisiones con toda la documentación analizada. Afirma que cuando la noticia se dio a conocer, los vecinos de las poblaciones afectadas se exaltaron. “Si miras el proyecto, que se extiende más de 800 páginas, ves cosas como que las excavaciones, si se encuentra cuarzo, pueden llegar del metro y medio a los siete de profundidad”; “hay cosas que dan miedo”, explica el primer edil. Igualmente, son muchos los aspectos a tratar ante un proyecto de esta envergadura. En un principio podría llegar a ser un acuerdo entre propietarios y empresa, pero va más allá, porque la cesión de terrenos se dilata 30 años. A los terrenos de estas poblaciones llegaría maquinaria pesada que puede dañar seriamente esas toda la zona.
Comenta Pérez que ha sido tratado con alcaldes como la de Castillejo de Mesleón, que en las extracciones de los años 80, la experiencia dejó graves consecuencias: terrenos no cultivables o que quedaron anegados. “Estamos de acuerdo en que hay que extraer materias primas, pero hay que estudiar muy bien el pliego de condiciones y saber si esto es una barbaridad o no”.
Reuniones
Según comenta el alcalde de Duruelo, la intención es mantener una reunión entre todos los alcaldes de los pueblos afectados en estos días. Se ha consultado ya a un geólogo de Sotillo, a dos abogados de la capital madrileña y a un ingeniero de minas: la intención es comprender todo el proyecto, “traducirlo a lenguaje común”, y, con toda la información en sus manos, entender si el siguiente paso son las alegaciones. a la solicitud presentada ante la Junta. “El sentir de los vecinos y de los agricultores se inclina por el no”, corrobora el edil. Asevera este alcalde que tras reunirse, la decisión es de la vecindad. “Nosotros estamos con los vecinos, ellos deciden”, recalca el alcalde de Duruelo. Reitera que el sentir se inclina por la negativa ante el proyecto porque aunque se firme un compromiso de devolución de las tierras una vez explotadas -la empresa trabaja en régimen de alquiler, pero al parecer también de expropiación- y aunque se restaure la capa vegetal, puede quedar inútil para el cultivo, o caminos y terrenos de alrededor “reventados” como para continuar con las explotaciones agrícolas.
Afirma Pérez que tras la reunión entre alcaldes y aunque todavía no hay fecha fijada, habrá una con la empresa solicitante, Erimsa, porque así han mostrado sus intenciones. Será entonces cuando conozcan el proyecto de primera mano, si el proceder es tan agresivo como se ha vivido en otras poblaciones, o si las creaciones de empleo que se prometen son reales. De momento, saben que se ha adquirido la planta de tratamiento que se encuentra entre Castillejo y Barbolla, donde se realizaría el lavado del material y, por ende, se crearían algunos puestos, “pero no sabemos cuántos, ni cuántos conductores de camión necesitan, ni nada más”. Por último, Fernando Pérez habla de la procedencia de la empresa explotadora. Es gallega pero pertenece a una noruega con capital chino, lo que “nos echa para atrás” porque lo que se explota “no se queda”.
A la espera de la consulta con expertos y un consenso conjunto que sea resultado de los beneficios y los perjuicios de esta actividad, los vecinos de las seis poblaciones afectadas son primero cautos, pero también reticentes a un proyecto de estas características y que presuntamente compromete por tanto tiempo sus terrenos y el futuro a medio y largo plazo.
Posibles perjuicios
- Morfología del suelo. Pérdidas de biodiversidad y alteración de ciclos. Cambios en la estructura y en alrededores, dado el uso de maquinaria pesada.
- Contaminación. Del aire debido al polvo y gases tóxico durante y tras las labores de extracción.
- Aguas. Contaminación superficial y subterránea dada la cercanía del río Duratón.
- Flora y fauna. Pérdida de especies y desplazamientos de hábitat ante las extracciones.
La empresa defiende el proyecto
El debate está servido en cuanto a la viabilidad sostenible del proyecto minero. La empresa promotora encargada asegura que su modelo para la zona es de trabajo sostenible, preserva el medio ambiente y no afecta a la productividad de terrenos. Afirman que es compatible con actividades económicas propias de entornos rurales, como la agricultura, la ganadería y el turismo, además del aprovechamiento forestal, todas ellas actividades que se dan en la zona. en la que se plantea la extracción.
La empresa afirma que realiza extracciones de cuarzo en Castilla y León, en Salamanca y en Ávila, así como en zonas de Galicia «conviviendo con los vecinos y propietarios de terrenos, y respetando explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el resto de infraestructuras y patrimonio»; es, según la entidad, un compromiso que ha adquirido para el proyecto en Segovia, para el que está solicitado el permiso.
La extracción
Como explican, su modelo de trabajo es “diferente al de la minería tradicional”.con el objetivo de que la solicitud de autorización minera sea rechazada. Consideran que el proyecto supone “una amenaza” para la provincia. Se emplea un sistema de cribado de terreno que separa la capa productiva del suelo. Después, se realiza el cribado del material en una profundidad en torno al metro y medio, dejando in situ el material inferior a 40mm, lo que garantiza la conservación del nivel original de las fincas. Para terminar, se devuelve la capa productiva a su situación inicial y se realiza el allanado y subsolado. La compañía trabaja exclusivamente en régimen de alquiler, por lo que al final del proceso devuelven las fincas a su propietario en las condiciones pactadas para la continuidad de la actividad previa, restaurando la capa vegetal separada al principio.
La entidad minera defiende en todo momento un modelo sostenible y argumentan que toda la actividad minera está muy regulada en España, por lo que no caben “prácticas perjudiciales”. Afirman que el proyecto de extracción generará más de 30 puestos de trabajo en la zona, tanto directos como indirectos, ya que Erimsa está reabriendo instalaciones en Barbolla para su procesado.
Desde la empresa Erimsa, justifican el respeto medioambiental y aseguran las labores de extracción de este mineral se acercan más a las agrícolas que a las mineras.
Impacto ecológico
Por su parte, Ecologistas en Acción ya ha presentado una alegación ante la Junta de Castilla y León cuyo destino final, de acuerdo con el proyecto sería “su exportación hacia Noruega y otros países”. La concesión solicitada ocuparía 97 cuadriculas mineras y una superficie de 2.785 ha, de la cual el recurso explotable ocupa una superficie total de 1.658 ha. La razón de la enorme superficie afectada es que el material con interés minero ocupa una capa muy superficial del terreno cuyo espesor medio es de 1,62 metros. Para la agrupación ecologista, la concesión es demasiado amplia: 30 años prorrogables, lo que conllevaría “un impacto no sólo amplio sino también duradero en el tiempo”.
Aseguran también que el proyecto, aunque contempla la devolución de los materiales, supone un cambio drástico en la estructura del suelo y en su porosidad, ya que se extraen partículas de más de 80 milímetros de diámetro.
Respecto a la creación de empleo, afirman que “la destrucción ambiental y paisajística que provocaría el proyecto contrasta con la escasa creación de empleo, ya que, según la documentación presentada por la empresa en el periodo de explotación minera sólo sería necesario contar con un operador de retroexcavadora, un operador de la pala cargadora, un operario encargado de la planta móvil de cribado y un titulado de minas, más los conductores de los camiones que transporten el material extraído”.
La empresa afirma por su parte que las concesiones mineras siempre son “a largo plazo, puesto que los trabajos se desarrollan de forma gradual”.
Ecologistas en acción asevera que son evidentes los perjuicios económicos para los pueblos de la zona, la pérdida de tierras agrícolas, la de atractivo para el turismo rural y otros factores como la calidad ambiental; ruidos, polvo y riesgos asociados al trasiego de camiones son algunos de los perjuicios que apuntan.
Otros colectivos ecologistas también hablan de cinco consecuencias negativas de la extracción de minerales de este tipo: cambios en la morfología del terreno, contaminación del aire (polvo y otros gases), contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas, y alteraciones en la fauna y flora de la zona palpables.
