La expectación que se ha levantado sobre la esperada comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar hasta dónde llega el caso Bárcenas es máxima, si bien casi todo el entorno del mandatario y también la propia oposición consideran tal intervención como un hecho. La cuestión está en los tiempos. El viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, determinó que agotarán el plazo dado por el PSOE para fijar una fecha, pero el día 24 está cada vez más cerca y será entonces cuando haya que tachar un día en el calendario. Quien no quiso dar más pistas ayer sobre tal jornada fue el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, que, sin embargo, sí se mostró seguro de que ese momento llegará pronto.
«No tengo la menor duda de que el líder del Ejecutivo comparecerá cuando lo considere oportuno y en la forma que estime como la mejor para dirigirse a la nación y tranquilizar a la opinión pública», sentenció desde la reunión que mantuvo en Palma de Mallorca con otros mandatarios del ramo de la Unión Europea.
En una rueda de prensa celebrada con motivo de tal cita mostró su «confianza absoluta en la integridad y honorabilidad» de Rajoy, conceptos que ha puesto en duda la revista británica The Economist, que en su último número le consideró «responsable político» de los «sucios secretos» de su partido, en referencia a la supuesta financiación irregular del PP.
Saliendo al paso de cualquier crítica, García-Margallo recordó una vez más que el mandatario nacional era registrador de la propiedad, por lo que «sería incalculable evaluar el dinero que ha perdido por entregar su vida en servicio de España y en servicio de los demás». Además, mostró su confianza en que el Estado de Derecho «funcione» y, en este sentido, destacó que tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria «son independientes». «Con este Gobierno se han acabado los fiscales o policías a la carta», apostilló, si bien no quiso pronunciarse ampliamente sobre esta materia para que el encuentro de los ministros no quedase «empañado».
El titular de Exteriores aseguró que la imagen de la corrupción no ha afectado «en términos objetivos» a las variables macroeconómicas o a las percepciones de los mercados y se apoyó para defenderlo en que no ha subido la prima de riesgo y la emisión de la deuda se ha colocado en términos similares, citó entre otros aspectos antes de hacer hincapié en que estos hechos no significan que «no haya que acabar con la corrupción». Así, apuntó que son los españoles los que peor imagen tienen sobre su país. «El país que peor valora a España es España. Esto forma parte de nuestra marca», declaró el político.
Quien parece estar dispuesta a disipar cualquier sombra de duda sobre la corrupción en su región es la presidenta popular en el País Vasco, Arantza Quiroga, quien advirtió de que no va a permitir que se haga «ningún tipo de especulación que pueda manchar la honorabilidad» de la formación que lidera y aseguró que no le va a «temblar la mano» si tiene que tomar decisiones al respecto.
En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, Quiroga enfatizó que el PP vasco, con las acusaciones vertidas por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que apuntan que la formación en esta región le entregó un millón de euros procedente de supuestas comisiones pagadas por empresarios entre 1999 y 2005, «se juega» la trayectoria de «hombres y mujeres que han estado dando lo mejor de sí mismos por ideales a cambio de nada» y algunos «están bajo tierra».
