La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprobará este mismo mes de mayo, «a finales», y explicó que «falta resolver algunas observaciones», a pesar de las cuales el texto se mantiene «en sus pilares esenciales y fundamentales».
Además, afirmó que quienes atribuyen al éxito de las movilizaciones sociales que la norma no fuera aprobada ayer «no podrán hacerlo mucho tiempo» porque en «próximas semanas» la ley será remitido al Congreso. Según concretó la popular, se ha debido a que la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios planteó «observaciones» al texto, fundamentalmente relativas a su financiación. «Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado y que se están fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, como novedad a consecuencia de la aprobación del marco financiero plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan además, utilizarse fondos europeos», puntualizó.
Al margen de estos aspectos, «los pilares se mantienen», ya que «los apartados destacados están diseñados y absolutamente cerrados a nivel de Gobierno», aunque en la tramitación parlamentaria haya disposición de analizar «todas y cada una de las enmiendas».
«Entiendo y respeto la posición de todos y cada uno de los grupos y los manifestantes, pero hay un tema del que no he encontrado ningún argumento que como Gobierno me permita decir que esta ley no es necesaria: Nada que justifique mantener un sistema con un fracaso escolar y una tasa de abandono como el que tenemos», señaló la vicepresidenta.
En este sentido, incidió en que «cuando esos conjuntos piden medidas contra el desempleo juvenil y dicen que hay que encontrar soluciones», están dando al Ejecutivo «un argumento a mayores» para reformar el sistema y lo hará con la LOMCE, cuyo anteproyecto «se mantiene en sus pilares esenciales y fundamentales» y que «se va a aprobar este mes en cuanto se superen las observaciones».
Asimismo, Sáenz de Santamaría señaló, en relación al modo en que la norma abordará la enseñanza en castellano en Cataluña, que el objetivo es consolidar «un sistema que garantice la educación y la libertad de los padres para elegir la lengua en que se escolariza a su hijos, garantía que tienen la obligación» de proporcionar todas las administraciones.
Así, recordó que «el castellano es la lengua oficial del Estado por lo que dice la Constitución Española y las comunidades autónomas tienen, en su caso, su lengua cooficial, que regula su Estatuto de autonomía».
