Ecologistas en Acción de Segovia, tras valorar las circunstancias que concurren el proyecto para abrir una mina a cielo abierto en una zona entre Duruelo y Cerezo de Abajo, ha decidido presentar alegaciones ante la Junta de Castilla y León con el objetivo de que la solicitud de autorización minera sea rechazada; puesto que consideran que supone «amenaza» para la provincia. En un comunicado el colectivo expone que «la explotación minera abarcaría una enorme extensión de terreno, afectando a los términos municipales de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo».
La empresa Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A (ERIMSA), domiciliada en La Coruña, ha solicitado a la Junta de Castilla y León autorización para abrir una gran mina a cielo abierto en la provincia de Segovia, en una amplia zona comprendida entre Duruelo y Cerezo de Abajo. Se trata de una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar.
El fin de esta mina sería la extracción de gravas de cuarzo para la obtención de cuarzo metalúrgico cuyo destino final, de acuerdo con el proyecto sería su exportación hacia Noruega y otros países.
La concesión solicitada ocuparía 97 cuadriculas mineras y una superficie de 2.785 hectáreas, de la cual el recurso explotable ocupa una superficie total de 1.658. La razón de la enorme superficie afectada es que el material con interés minero ocupa una capa muy superficial del terreno cuyo espesor medio es de 1,62 metros.
«La magnitud de la destrucción ambiental y paisajística que provocaría el proyecto contrasta con la escasa creación de empleo que conllevaría, ya que, según la documentación presentada por la empresa solicitante de la concesión de explotación, en el periodo de explotación minera sólo sería necesario contar con un operador de retroexcavadora, un operador de la pala cargadora, un operario encargado de la planta móvil de cribado y un titulado de minas, más los conductores de los camiones que transporten el material extraído», explica Ecologistas en Acción.
En este sentido, indican que supondría «perjuicios económicos» para los pueblos de la zona por «destrucción de tierras agrícolas y pérdida de atractivo para el turismo rural».
