El Gobierno anunció el pasado viernes la reforma de las pensiones con el objetivo de conseguir un incremento de los ingresos con los que contrarrestar el aumento del gasto público en pensiones, mediante la subida de las cotizaciones de las bases máximas, el establecimiento de una cuota de solidaridad por la parte del salario que no cotiza por superar el tope máximo de cotización y una subida progresiva en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
El gasto público en pensiones se ha ido incrementado en una media del 5% anual entre los años 2000-2022, concretamente la nómina de enero de 2023 ha subido un 10% hasta el 11,7 del PIB (el año 2022 un 6.52%), motivo por el que la Unión Europea ha exigido una reforma de nuestro sistema de pensiones.
De acuerdo con el informe del Banco Mundial (2020), la esperanza de vida en España se situaba en los 83,4 años frente a los 72,7 años de vida general, es decir, la población española supera en 9,7 años la media mundial. El sistema de pensiones español está condicionado por dos factores: el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, es decir por la evolución de la demografía en definitiva. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2052 la población española de más de 64 años se habrá incrementado en más de 7 millones de personas, mientras que el grupo de población comprendido entre los 16 y 64 años habrá perdido 10 millones. La pirámide poblacional española acredita el aumento de la población en edad de jubilación, al mismo tiempo que decrece la población que aporta los ingresos del sistema. Lo que sumado al incremento de la esperanza de vida con el aumento del período de percepción y a la baja natalidad (1,19 hijos), determina la situación de desequilibrio del sistema de pensiones español de reparto, y que es necesario reequilibrar con el aumento del número de cotizantes, es decir de la tasa de dependencia. En el año 2021 la tasa de dependencia fue del 54,77% y se agravará con el retiro de la generación del baby boom, una tasa que se incrementaría hasta el 83,74%.
Las cotizaciones de los trabajadores de hoy son los que pagan las pensiones de los jubilados actuales (sistema de reparto), lo que se conoce también por solidaridad intergeneracional. Sin embargo, la tasa de paro entre el 13-14% en España, una de las más elevadas de la U.E., frente a una media europea del 6,5%, no ayuda, al igual que el aumento del gasto en pensiones medio por jubilado (los nuevos jubilados acceden a una pensión media más elevada, puesto que han cotizado por bases mayores, mientras que los nuevos cotizantes se incorporan con salarios más bajos y, por tanto, sus bases de cotizaciones y sus aportaciones son menores). En definitiva, el gasto de pensiones aumenta en España a un ritmo mayor que el número de pensionistas.
Es necesario tomar medidas para mantener la sostenibilidad del sistema, dado que las cotizaciones son insuficientes y el fondo de reserva se ha agotado, cuando la deuda de la Seguridad Social ronda la cifra de 100.000 millones de euros. Un gasto en pensiones que representa más del 35% de los gastos consignados en los Presupuestos Generales del Estado. La tasa de sustitución (el porcentaje que supone nuestra jubilación con respecto a los últimos salarios recibidos) en España es actualmente del 80%, una de las más generosas, una tasa insostenible y se ha previsto que esa tasa de sustitución será del 50% en el año 2050.
Una parte de la solución es el aumento de la tasa de ahorro para conseguir un adecuado nivel de vida en la jubilación, por lo que sería necesaria una campaña de concienciación sobre esa necesidad, cuando España es el segundo país de Europa que menos ahorra (el 57% no ahorra). El aumento de los años de cotización para el acceso a una pensión y la promoción del ahorro para complementar la futura pensión pública ayudarían en aquella pretensión.
La nómina de los pensionistas del mes de enero de 2023 ha recogido la revalorización del 8,5%, lo que ha supuesto que el importe de dicha nómina ascienda a 11.902 millones de euros. Las pensiones de jubilación representaron el 72,7% del total con 8.649 millones de euros, seguida por las pensiones de viudedad.
La pensión media mensual se situó en enero de 2023 en la cifra de 1.189,1 euros. La pensión media de jubilación se situó en 1.368,3 euros al mes: en el Régimen General de la Seguridad Social la pensión media alcanzó los 1.427,8 euros al mes; en el Régimen de Autónomos la pensión se cifró en 910,9 euros/mes; en el Régimen de la Minería del Carbón la media subió hasta los 2.666,9 euros/mes y en el Régimen del Mar hasta los 1.518,7 euros. En Segovia, la pensión media de jubilación fue de 1.299,1 euros y en Castilla y León de 1.360,53 euros (España 1.368 euros; País Vasco 1.676 euros), mientras que la pensión de viudedad alcanzó en nuestra provincia la cantidad de 810,8 euros mensuales.
La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de diciembre del año 2022 a 1.462,8 euros al mes, mientras que la media mensual media de viudedad ascendió a los 848,1 euros.
Entre enero y diciembre de 2022, se tramitaron 353.937 expedientes de jubilación y 147.620 de jubilación, de hecho el número de pensiones crece a un ritmo anual del 0,9%.
En ese panorama nacional, el sistema de pensiones sueco es un referente a nivel mundial, dado que Suecia consiguió detectar las deficiencias e implantar una solución mediante una transacción entre sistemas. Es decir, manteniendo un primer pilar de reparto y de gestión pública, se ha creado un segundo pilar también obligatorio y compuesto por cuentas nocionales de capitalización de gestión privada y administrado por el sistema de pensiones sueco, y un tercer pilar voluntario de capitalización. Las cotizaciones del trabajador sueco se van ingresando en una cuenta nacional y ésta va generando intereses, de modo que en el momento de la jubilación, se calcula el capital nacional del trabajador basada en las cotizaciones más los rendimientos y en la esperanza de vida, todo ello actualizado a la tasa de crecimiento esperada de la economía sueca. La transparencia es vital, de modo que los suecos cada año reciben un “sobre naranja” con la información sobre el importe de su pensión futura en función de los datos disponibles y de las condiciones del momento. Igualmente, el modelo de pensiones de Dinamarca de pensiones abarca un sistema mixto de pensiones públicas y privadas. Junto a las pensiones públicas financiadas a través de los impuestos del Estado sobre la renta, se une el Fondo Suplementario de Pensiones del Mercado Laboral que tiene carácter privado y formado por las aportaciones obligatorias para los empleados por cuanta ajena y voluntaria para los autónomos (las empresas abonan 2/3 de las aportaciones y los trabajadores el resto), y los planes de pensiones complementarios voluntarios.
En Finlandia se unen dos sistemas complementarios. En primer lugar, está el sistema de pensiones laborales y que se perciben por años trabajados, de modo que al final de la vida laboral, el trabajador cobrará una pensión proporcional a lo que haya aportado, al igual que los autónomos. El segundo sistema es el de la pensión nacional o garantizada que cobran quienes no pueden acceder a una pensión laboral o su cuantía es muy baja con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos.
En resumen, los países nórdicos han adoptado las reformas necesarias para garantizar el equilibrio de sus sistemas de pensiones públicos. En los Países Bajos, la pensión pública se puede percibir a partir de los 67 años y que supone un 70% del salario mínimo interprofesional y un 50% para quienes viven en pareja. El segundo pilar del sistema holandés está constituido por los fondos colectivos de pensiones, es decir, los planes de pensiones de empresa. Unos fondos gestionados por las empresas y que se constituyen como entidades sin ánimo de lucro en las que se invierte un porcentaje de los trabajadores (unas aportaciones que son voluntarias, aunque se recogen con carácter obligatorio en los convenios colectivos, de hecho, de hecho el 90% de los trabajadores cuenta un plan de este tipo). En tercer pilar son los planes individuales contratados con las entidades financieras. En Alemania la pensión pública se complementa con las pensiones derivadas del sistema de empleo y con el sistema de pensiones privado individual voluntario (tercer pilar) incentivado y subvencionado por el Estado. En estos instrumentos de previsión social individual, los trabajadores realizan aportaciones personales que, capitalizadas hasta el momento de la jubilación, determinan un patrimonio por la suma de las aportaciones y la rentabilidad de la inversión. Existen dos tipos de pensiones privadas subvencionadas por el Estado: pensión Riester y Pensión Rürup (especialmente diseñada para los autónomos), a cambio de una renta vitalicia, a parte del plan de pensiones profesional (Betriebliche Altersvorsorge) que reduce los impuestos a pagar y las contribuciones posteriores del trabajador.
Austria también cuenta con una variante de la pensión Riester, la Zukunftspensión, con un apoyo estatal menos generoso, aunque goza de la inexistencia de carga fiscal. También existe una previsión empresarial austriaca aunque no obligatoria, al mismo tiempo que ha de mencionarse la modalidad de la “mochila austriaca”, un mecanismo que consiste en un fondo de capitalización individual que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, sea asalariado o autónomo y se cambie o no de empresa. Son las empresas que contraten al trabajador, las que deberán ingresar el 1,53% del salario mensual como provisiones ante posibles indemnizaciones por despido en el citado fondo de pensiones. Un fondo personal que pasará a los herederos en caso del fallecimiento del trabajador.
El sistema de pensiones español no es sostenible claramente, dado que las pensiones públicas se acercan al 40% del gasto consolidado de los Presupuestos Generales del Estado. La consecución de pensiones suficientes y equitativas depende del factor demográfico (el porcentaje de jubilados entre la población en edad de trabajar), del factor mercado de trabajo (la población con empleo remunerado) y del factor institucional (la edad de jubilación, los años a computar, etc.) enmarcado en el Pacto de Toledo. Los expertos hablan de reducir la tasa de sustitución (el cociente entre la pensión y el salario), si no queremos aumentar las cargas tributarias y sociales sobre los jóvenes cotizantes. Estos expertos abogan por el mantenimiento del sistema contributivo de reparto pero sobre la base de cuentas individuales, de forma que las cotizaciones de cada trabajador a lo largo de su vida laboral se irían acumulando en un capital virtual que, en el momento de la jubilación, se convertirá en una renta vitalicia, con lo que el gasto en pensiones debería crecer al ritmo de las cotizaciones al objeto de garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones.
La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, ha derogado el índice de revalorización (se sustituye del IPC, lo que implica un mayor gasto estructural del sistema) y recupera la actualización de las pensiones en función de la inflación del ejercicio anterior. Admite la demora de la jubilación y la opción entre la obtención de un porcentaje adicional del 4% por cada año posterior a la edad de jubilación o una cantidad a tanto alzado por cada año cotizado, o una combinación de ambas figuras, al mismo tiempo que permite la jubilación activa (por cuanta ajena, a tiempo completo o a tiempo parcial, o por cuenta propia). Por último, reactiva el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre los años 2023 y 2032. Unas tímidas reformas que ha resultado insuficientes.
La nueva reforma anunciado el pasado viernes tiene un carácter regresivo y una eficacia limitada, dado que intenta un incremento parcial de los ingresos mediante la subida de las cotizaciones de las bases máximas y el establecimiento de la cotización de la parte de los salarios que antes no cotizaban por superar el tope máximo cotización, lo que supondrá un aumento de los costes empresariales y una merma del empleo. Un incremento de los ingresos de la Seguridad Social que por el contrario ha de venir del aumento de la población activa y de la reducción de las cifras de desempleo, del aumento de la inversión y de los niveles de vida de la población que determinará un incremento de las bases de cotización, así como de un control del gasto público. Por el contrario, se incluye la subida de las cotizaciones de las bases máximas y las correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, sumada por razones electorales con la subida de las pensiones mínimas y de las no contributivas que, aunque justa, ha de venir acompañada por un aumento del desarrollo de la economía española.
Por tanto, estas reformas nos alejan de las medias adoptadas en Europa, al mismo tiempo que la sostenibilidad del sistema queda avocada a las aportaciones del Estado. La conclusión es que los factores demográficos y económicos hacen peligrar el sistema de pensiones español, de modo que la reforma futura debe llevar consigo que las pensiones deberán calcularse sobre toda la carrera laboral. El importe de la pensión deberá implicar además una reducción de la tasa de sustitución, que deberá ser compensado con una planificación financiera del trabajador desde el mismo ingreso en el mercado laboral. Es decir, el importe de la pensión deberá proceder de tres fuentes: a) la pensión pública; b) el importe del plan de pensiones generado y; c) la cantidad conseguida por las inversiones realizadas por el pensionista en su vida laboral para garantizar su nivel de vida.
