La tensión política con la crisis de Bankia es máxima y el Gobierno está pagando un alto precio por ello, pese a que cuenta con la mayoría absoluta en las dos Cámaras. Así, con el rechazo de toda la oposición, impuso su agenda de trabajo en la subcomisión de seguimiento del FROB del Congreso, encargada de analizar la crisis de la entidad madrileña, de tal manera que antes del verano solo acudirán los representantes que han pedido los populares, y a puerta cerrada, mientras que las demandas del resto de grupos -que apuntan a la cúpula que controlaba Rodrigo Rato-, así como la del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no se debatirán al menos hasta septiembre.
Todos los partidos de la oposición coincidieron en calificar de «farsa» y «tomadura de pelo» la iniciativa del Ejecutivo, que apeló a la «prudencia», añadiendo que es mejor esperar «con tranquilidad» para no afectar al proceso de saneamiento financiero. Con estos términos se expresaron varios dirigentes conservadores, comenzando por su líder, Mariano Rajoy: «Yo quiero que haya un debate sobre este asunto donde tenga que haberlo, pero estamos en un momento muy importante y muy delicado y creo que todos deberíamos intentar preservar la mayor y no ir a cosas, que no digo que no sean importantes, pero que no son las decisivas a fecha de hoy».
En la misma línea se pronunció el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, que señaló que las responsabilidades que se demuestren en su momento deberán dirimirse, pero que ahora «hay que mirar al futuro» porque la entidad tiene nuevos gestores y una intervención estatal que ayudará a «resolver los problemas».
En Génova son conscientes del tremendo desgaste que, de cara a la opinión pública, y máxime tras el informe del Barómetro del CIS de mayo, supone este asunto, por lo que se volvió a atacar con dureza al Gabinete Zapatero, «por no haber hecho los deberes».
El clima de tensión es tal que UPyD piensa presentar el próximo lunes ante la Audiencia Nacional una querella para tratar de depurar responsabilidades penales por la crisis de Bankia, que se dirigirá contra los miembros del Consejo de Administración de la entidad que presidía Rodrigo Rato en el momento de la salida a Bolsa.
También en esa fecha interpondrá una denuncia un bufete de abogados de la capital, que podría estar intentado captar clientes entre los pequeños accionistas de la entidad. Su anuncio causó un gran revuelo mediático, ya que sostuvo que Rato y su equipo podrían enfrentarse a penas de entre uno y seis años de prisión por un presunto delito de falsedad en el folleto informativo de salida a Bolsa de la entidad, incluido en la reforma del Código Penal aprobada en junio de 2010.
Para el despacho madrileño V Abogados, «todo indica que las cuentas auditadas y presentadas junto con el folleto no reflejaban la imagen fiel de la entidad, lo que ha podido provocar que miles de personas compraran participaciones sin saber que ésta pasaba por serías dificultades económicas, como se está comprobando pocos meses después». Asimismo, los juristas recordaron que todas estas personas han perdido el 70 por ciento de lo invertido -de 3,75 euros por título a uno-. También consideraron responsables a los cuatro bancos que coordinaron la salida al parqué: Deustche Bank, JP Morgan, UBS y Bank of America Merrill Lynch, así como a la CNMV y al Banco de España por fallos en la supervisión de la oferta.
