La Junta de Castilla y León ha sido la primera Comunidad en regular las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica para ponerlas en marcha en el primer año del período de aplicación de la nueva PAC para el quinquenio 2023-2017.
Lo hace con una partida de 210 millones de euros que se distribuirán en base a la convocatoria que deberá publicarse en los próximos días, una vez que ayer lunes salieron a la luz las Bases Reguladoras de las ayudas medioambientales y climáticas, contenidas en el plan estratégico de la PAC.
Para la Consejería, el proyecto de orden que regula estas medidas, durante los cinco años pretenden retribuir todas estas “prácticas positivas para el medio ambiente”.
Las medidas agroambientales consisten en suscribir, de manera voluntaria, compromisos relacionados con prácticas agrarias medioambientalmente sostenibles. Para ello, tras una convocatoria de solicitud de incorporación, se formaliza un contrato plurianual de, al menos, cinco años de duración, de forma que durante cada anualidad deberán solicitar el pago a través de la Solicitud Única de ayudas PAC.
Se trata de poner en marcha diferentes medidas orientadas a cultivos sostenibles, a la gestión sostenible de pastos, a la protección de la avifauna, a la apicultura favorecedora de la biodiversidad, al mantenimiento de paisajes tradicionales y cultivos minoritarios, a la conservación de recursos genéticos y también a la agricultura ecológica, así como una medida novedosa para la sustitución de parte del abonado químico por abono orgánico. La mayor parte supone una continuidad del marco anterior. Otras resultan novedosas como la medida de cultivos minoritarios para atender las nuevas iniciativas que surgen de implantación de cultivos aromáticos, frutos de cáscara o encina trufera, o el impulso al empleo de abono orgánico en sustitución de la fertilización mineral.
Pero pese a esta rapidez mostrada por la Administración regional, el sector no acoge con especial ilusión los condicionantes que conllevan el anuncio de las ayudas económicas.
REACCIONES
De hecho, los agricultores y ganaderos llevan tiempo viendo que la trayectoria que viene adquiriendo la política agraria europea se dirige más a la protección del medio ambiente que a procurar y garantizar una producción de alimentos.
Así lo mantiene el presidente de UCCL-Segovia, César Acebes, quien resume esta tendencia con estas palabras: “Cada vez nos imponen más exigencias ambientales en lugar de primar la producción”. Pero matiza: “No es que estemos en desacuerdo con favorecer y proteger el medio ambiente. Pero resulta cada vez más complicado compatibilizarlo con la actividad productora de algunos cultivos”.
Desde Asaja también se ha defendido la necesidad de cuidar la producción autóctona frente a la entrada de alimentos de otros países en los que no se aplican tantos condicionantes, y que al final representan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.
Pablo Rincón, secretario de Asaja-Segovia, señala que existen muchas líneas de ayudas, pero que resultan difíciles de cumplir. Asegura que para valorar esta línea anunciada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta es preciso esperar a que se publique la convocatoria, y confía en que se pueda conocer a lo largo de esta semana.
FINCAS COMUNALES
Por su parte, el representante de la Unión UPA-Coag, Pedro Matarranz, mantiene la preocupación que supone la posible reducción de la superficie de pastos que puede admitirse para computarla a la hora de solicitar las ayudas de la PAC. “Hay zonas, en las que los ganaderos pueden ver reducida la superficie de pastos en las juntas vecinales en un 30, 40, 50 e incluso un 80%, por lo que estaríamos ante recortes que dan al traste con la actividad profesional ganadera”, asegura este sindicato agrario en un comunicado de prensa.
En las bases reguladoras se incluye como exigencia agroambiental de aprovechamiento de superficies forrajeras y pastos por el ganado que los beneficiarios computen las parcelas de su explotación, sin que exista una utilización en común con otros ganaderos. Esto no implica a priori la exclusión de parcelas adjudicadas por juntas vecinales o ayuntamientos, ni de parcelas de titularidad pública, ni similares. Este requisito supone que la parcela debe ser gestionada y aprovechada por el titular del contrato agroambiental y su ganadería, para así poder cumplir los compromisos durante los cinco años de duración del contrato.
En la provincia de Segovia esta limitación representará un recorte importante de las ayudas por cuanto son muchos los ganaderos que utilizan fincas municipales o comunales como pastables y por tanto se acogen a las ayudas que hasta ahora permitía la normativa de la PAC.
Por el contrario, otros aspectos permiten una relajación con el uso de los abonos orgánicos que hasta ahora estaban limitados. En el caso de Segovia, donde existe una gran disponibilidad de purines de cerdo y de vacuno, se amplía la posibilidad de utilización. Para ello se incrementa de 5.000 kilogramos por hectárea a 10.000 kilos, para la misma superficie. El importe de esta ayuda se mantiene en 75 euros por hectárea.
Las explotaciones deben estar digitalizadas para recibir ayudas
Las explotaciones agrarias y ganaderas deberán digitalizarse progresivamente entre 2023 y 2024 para poder acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
La nueva normativa europea obliga a llevar un cuaderno de explotación, pero que deberá ser digital, conforme a un calendario de plazos que obliga primero a las grandes explotaciones y que se va extendiendo al resto.
Esta obligación entrará en vigor el 1 de septiembre para las explotaciones de más de 30 hectáreas en secano y de cinco hectáreas en regadío, y en julio de 2024 para el resto. De este modo resulta importante disponer del cuaderno digital para acceder a las solicitudes de las ayudas de la PAC, destacan desde la Consejería de Agricultura.
El sector primario ya inició la transformación digital hace años con la aplicación de las primeras ayudas europeas. Fue cuando desde los sindicatos agrarios indicaron que ellos realizan una doble declaración de la renta: la ordinaria como el resto de contribuyentes; y la que se ven sometidos en la solicitud de ayudas de la PAC.
En todo caso, coinciden en que el cuaderno digital se convierte en un gran salto para los profesionales, que ven que representa una tendencia general para todos los empresarios.
El problema, dicen, es para las personas mayores y sobre todo por las dificultades que presenta el entorno rural con las conexiones digitales, donde a veces resulta complicado que llegue la fibra óptica o la banda ancha.
El nuevo cuaderno digital obligará a realizar registros informáticos mensuales de las actuaciones en el campo, como el uso de riegos, distribución de fertilizantes o fitosanitarios, entre otras cosas.
En la Orden que la Consejería de Agricultura y Ganadería publicó ayer con las bases reguladoras de las ayudas de desarrollo rural y medidas agroambientales, se advierte a los posibles destinatarios de que la vía es siempre telemática. Además de solicitar las ayudas por vía electrónica, deben también recibirlas por el mismo medio, de modo que las ayudas “se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido”.
NUEVAS NECESIDADES
Por este motivo, las organizaciones profesionales agrarias volverán a recuperar protagonismo a la hora de llevar a cabo las tareas formativas para el uso de las herramientas digitales que se imponen desde la Administración.
Sobre este aspecto, el subdirector general adjunto de Sectores Especiales en el Fondo Español de Garantía Agraria, (FEGA) Ignacio Sánchez Rodríguez, ha querido quitar hierro a este nuevo paso en la digitalización del sector. “En 2014, se introdujo la obligatoriedad de completar la solicitud única de manera telemática. Nueve años después este procedimiento nos parece algo normal; y ahora queremos ir un paso más allá. El objetivo final de informatizar todos los datos busca que llegue un momento en que el sector primario reciba las ayudas sin necesidad de presentar solicitudes”, señala.
Por todos estos requisitos, desde el campo se entiende que la puesta en marcha de la PAC resulta cada vez más complicada de asumir por parte de los agricultores y ganaderos. Son tantas las líneas de subvención y tantos los condicionantes, que las posibilidades de errores aumentan.
La tramitación de la PAC comienza mañana miércoles 1 de marzo. “Los cambios introducidos afectan de manera fundamental a nuestra productividad y rentabilidad, y coinciden con una coyuntura de incremento de costes de producción”, coinciden en asegurar los distintos sindicatos agrarios.
RETRASO DE LA COSECHA
Entre las novedades de la PAC figuran los ecorregímenes que van a suponer el 23% de las ayudas directas. Éstos se refieren a las medidas que deben cumplir los agricultores en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal.
Una de las medidas que se van a implantar con estos ecorregímenes se refiere al retraso en la fecha de inicio de la cosecha de cereal. En la provincia de Segovia no podrán recoger antes del 1 de julio quienes se acojan a este régimen, que incluye las zonas situadas en un 75% en territorio de Zona de Especial Protección de las Aves, es decir, zonas como el entorno de las lagunas de Cantalejo, Lastras de Cuéllar o Fuenterrebollo; cerca de Madrona, o el entorno de las Hoces del río Riaza.
La nueva PAC vigila aspectos como el mantenimiento de pastos permanentes; la protección de humedales y turberas; la prohibición de quema de rastrojos excepto por razones fitosanitarias; el mantenimiento de las franjas de protección en los márgenes de los cursos de los ríos; la gestión de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión en el suelo; la cobertura mínima del suelo en los periodos más sensibles para protegerlo; la rotación anual de todas las parcelas de la explotación; el porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos; o la fertilización sostenible, entre otros.
